Una juez sienta en el banquillo a una edil del PP de Las Rozas por tráfico de influencias

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda, Mercedes de Mesa García, ha decidido sentar en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de tráfico de influencias a Isabel Montero Caballero, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Rozas, del PP.

Montero será juzgada en la Audiencia de Madrid por un jurado popular, ya que, según el auto de la citada magistrada, Montero pudo incurrir en tráfico de influencias al favorecer en 1997 a una sobrina suya a la que se adjudicó la ludoteca municipal por 24.000 euros.

La juez De Mesa indica en el auto de apertura de juicio oral que la edil propuso el 19 de marzo de 1997 a la comisión de gobierno de este municipio que adjudicase la ludoteca a la empresa Caracoles, de la que forma parte una sobrina de la concejal. Según este auto, el citado servicio fue otorgado finalmente a Caracoles el 1 de abril de 1997, merced al apoyo favorable de la concejal Moreno, lo que puede constituir un delito de tráfico de influencias (artículo 428 del Código Penal). "La acusada conocía", explica el auto judicial, "la relación familiar que le unía con una de las integrantes [de la empresa Caracoles]", y pese a ello "en ningún momento lo puso en conocimiento de los responsables municipales".

Éstos otorgaron a Caracoles la ludoteca porque la concejal había elaborado un informe en el que indicaba que la oferta de esa empresa era "la más ventajosa para los intereses municipales". Montero es el primer cargo público que es sometido en Madrid al veredicto de un jurado popular por un caso de tráfico de influencias desde que en 1997 entró en vigor la institución del jurado.

Petición de cárcel

En el juicio, la edil se enfrentará a una petición del fiscal de seis meses de cárcel y al pago de una multa de 4.000 euros. El fiscal demanda que testifiquen ante la Audiencia nueve personas, entre ellas, el alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, del PP.

Aunque en su escrito de acusación el fiscal atribuye a Montero delitos de falsedad y tráfico de influencias, la juez ha dictaminado que la edil sólo sea juzgada por este último ilícito.

El fiscal atribuye a Montero una retahíla de supuestas irregularidades en su escrito de acusación. Por ejemplo, que adjudicó la gestión de la ludoteca a Caracoles pese a que ésta no reunía los requisitos del concurso convocado al efecto. El fiscal explica: "La acusada conocía obviamente la relación familiar que le unía a una de las integrantes de la citada oferta, y en ningún momento lo puso en conocimiento de los responsables municipales, ni tampoco se abstuvo de la práctica del informe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Bases de Régimen Local". Esta ley prohíbe a los cargos públicos intervenir en adjudicaciones a las que concurran familiares.