Interpretación bélica de la Constitución

Que un partido se presente ante los ciudadanos como el único con capacidad para articular políticamente la diversidad territorial de España, como lo está haciendo el Partido Popular, no tiene nada de extraño. Como recordaba Patxo Unzueta en su columna de ayer, también el PSOE lo hizo a finales de los ochenta y principios de los noventa. Ningún partido que pueda hacer uso con credibilidad de un argumento político tan extraordinariamente rentable, desde una perspectiva electoral, va a renunciar al mismo.

Nada habría que objetar, por tanto, al argumento del Partido Popular de que es el único que tiene el mismo discurso en todo el territorio del Estado y no un discurso distinto en cada una de las 'nacionalidades y regiones' que integran España. Es bastante probable que, con una u otra variante, mientras la integración de los nacionalismos catalán y vasco en el sistema político español sea la que es, el partido estatal que gobierne España utilice a su favor un argumento de este tipo.

Lo que ya no resulta aceptable es que ese discurso se presente como el único que cabe dentro de la Constitución, expulsando fuera de ella a quien no lo suscribe. Esto sí que es algo nuevo en el debate democrático español, esto es, en el debate que se ha venido produciendo en España desde el momento inicial de la transición hasta hoy. El debate democrático en España ha estado presidido por una voluntad de inclusión. El esfuerzo que se hizo en el proceso constituyente fue el de intentar conseguir que nadie se quedara fuera de la Constitución, que todos los españoles cupieran en ella. Por ello se vivió con tanta preocupación la abstención del nacionalismo vasco en el referéndum de aprobación de la Constitución y por eso se hizo un enorme esfuerzo en la negociación del Estatuto de Gernika para que el nacionalismo vasco se incorporara al consenso constitucional.

Esta voluntad de inclusión de todos en el texto constitucional se ha mantenido de manera ininterrumpida tras la entrada en vigor de la Constitución, a pesar de que ha habido enfrentamientos políticos muy intensos, como suele ser normal en toda sociedad democrática. Nadie ha discutido que la Constitución es y debía continuar siendo la 'casa común' de todos los españoles.

Con esta voluntad de inclusión es con la que está rompiendo el PP, en particular desde finales de la anterior legislatura y a lo largo de esta. El PP está intentando apropiarse de la Constitución en exclusiva, expulsando fuera de la misma a quien no está de acuerdo con él. Según José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, en sus recientes discursos en Ávila y Trujillo, lo que se está poniendo en cuestión por quienes no están de acuerdo con la política del PP no es la permanencia en el Gobierno de este partido, sino que se está poniendo en cuestión la 'integridad territorial y el ordenamiento constitucional', por utilizar los términos que utiliza la propia Constitución al definir en el artículo 8 la 'misión' de las Fuerzas Armadas.

Es esta interpretación bélica de la Constitución lo que resulta preocupante. La voluntad de inclusión de la transición está siendo sustituida por una voluntad de exclusión. El que no está de acuerdo conmigo, no es que esté equivocado políticamente, sino que está fuera de la Constitución. El resultado es que cada vez hay más ciudadanos que no caben en la Constitución, porque, como indican las encuestas, cada vez hay más ciudadanos que no están de acuerdo con la política del Gobierno. Ya no se trata sólamente de los votantes de Batasuna. A este paso es que no van a caber ni los votantes del PSOE.

¿Es esta voluntad de exclusión frente a la voluntad de inclusión constituyente el contenido de la 'segunda transición'? ¿Cabe un debate político democrático a partir de un discurso de este tipo?