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Quienes creyeron bajo palabra a Josu Ternera tienen motivos para lamentarlo. En la carta al diario Gara en la que comunicaba su intención de no presentarse a declarar ante el Supremo, el pasado día 6, por considerar que se trataba de un 'juicio-farsa', decía que no se iría 'a ningún lado' y que pensaba continuar con su 'acta de parlamentario para seguir trabajando junto a vosotros'. No ha cumplido, y tampoco ayer se presentó ante la justicia para responder de la acusación de haber ordenado, como miembro de la dirección de ETA, el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en 1987, en el que perecieron seis adultos y cinco niños.

El juez instructor no consideró necesario ordenar la detención inmediata de Ternera tras la fallida comparecencia inicial, por 'no apreciar razones que hicieran pensar en su intención de sustraerse a la acción de la justicia'. El exceso de confianza se extiende a los responsables del Gobierno. La prudencia habría aconsejado mantener bajo vigilancia policial a Ternera desde el momento en que el procedimiento llegó al Supremo, en julio pasado. El escándalo organizado en su día por la fuga de Roldán, que provocó la dimisión del entonces ministro de Interior, Antoni Asunción, debería haber inspirado una mayor diligencia al actual y hace más incomprensible esta negligencia.

El episodio debe servir al menos de aviso respecto a la necesaria coordinación entre la justicia y la policía con vistas a situaciones que podrían producirse en relación a los sumarios abiertos contra el entramado de Batasuna. La idea de que ese mundo está formado por luchadores equivocados pero altruistas y con sentido de la palabra dada es un tópico sin fundamento. En su carta a Gara, Ternera habla de lo mucho que ha sufrido desde su detención, en Francia, en 1989, pero no considera necesario pedir perdón o siquiera lamentar las 11 muertes de Zaragoza. Tampoco niega su responsabilidad en el atentado, limitándose a ensartar frases sobre la persecución de que se siente objeto.

Juicios-farsa los había durante el franquismo, cuando los tribunales militares podían condenar sin pruebas, ateniéndose a su 'convicción moral'. Si es detenido y juzgado, Ternera dispondrá de todas las garantías del Estado de derecho. No podrá ser condenado sin pruebas. Pero no le bastará invocar sus convicciones políticas para quedar impune.