La red pública de servicios sociales ignora los problemas de los inmigrantes, según el Síndic

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, considera que la red de servicios sociales de las administraciones públicas de la Comunidad no sólo no es eficaz para cubrir las necesidades de la población inmigrante, sino que las 'ignora' y, por tanto, contribuye a que su situación social se deteriore. Del Rosal opina que los medios materiales y personales para atender las necesidades de este colectivo son insuficientes y, además, los escasos recursos disponibles, a su juicio, 'no están, en la mayoría de los casos, adaptados para atender las necesidades de los inmigrantes'.

El Síndic hizo estas consideraciones sobre la red pública de servicios sociales y las necesidades específicas del colectivo de inmigrantes durante su participación en las XVII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo. El encuentro se celebró en Pamplona y congregó a los doce representantes autonómicos de la institución junto al delegado nacional, Enrique Múgica.

La ley reconoce al inmigrante extranjero su derecho a ser asistido por los servicios sociales en condiciones de igualdad con los españoles. Así lo destacó Bernardo del Rosal en su ponencia: 'El inmigrante debe ser tratado como persona que es, con la dignidad y los derechos básicos que la propia ley le reconoce, independientemente del estatus legal', argumentó Del Rosal en su intervención.

Sin embargo, la 'parálisis administrativa' en torno al nuevo reto que supone la inmigración 'agrava' el problema ya que, a su entender, genera sentimientos de rechazo, en ocasiones de carácter xenófobo, entre los nacionales. Esto es debido, principalmente, a los déficits que presenta el sistema público de asistencia social a los más desfavorecidos. 'A pesar del incremento de población de hecho, la dotación para los servicios públicos en todo el territorio del Estado se han incrementado muy poco en los últimos tiempos, cuando no se ha visto reducida, de modo que la dosis de asistencia que reciben los españoles tenderá a ser, necesariamente menor'.

Esta situación alimenta el sentimiento xenófobo entre los españoles, añade el defensor del pueblo valenciano, ya que consideran que a los extranjeros se les está dispensando una ayuda que se les deniega a los nacionales.

Bernardo del Rosal incide, además, en que la situación de desamparo y vulnerabilidad social que afecta a la mayoría de la población inmigrante aboca a muchos de sus miembros, básicamente los indocumentados, al mundo de la delincuencia.

En este apartado, Del Rosal abunda que la Administración mantiene a los extranjeros en una suerte de 'muerte civil y política', ya que no los expulsa, pero tampoco facilita su regularización en España. Esta paradójica situación, añade, 'puede tener un pernicioso efecto criminógeno', ya que 'estas personas se convierten en fáciles candidatos para la comisión de hechos criminales.'. El Síndic insiste en que los inmigrantes ilegales no temen perder los exiguos logros sociales conseguidos (entre los que ni siquiera se cuenta una estancia legal en España). Mientras, la actitud de los legalmente establecidos es radicalmente opuesta: éstos sí temen arruinar los vínculos que, con mucho esfuerzo, han logrado obtener.

Del Rosal concluye que el Estado y las comunidades autónomas deberán dotar a los ayuntamientos de medios financieros suficientes ya que, de lo contrario, como ya está ocurriendo en muchos casos las entidades locales se verán absolutamente desbordadas e imposibilitadas a la hora prestar la asistencia básica a este colectivo. Las administraciones públicas tendrán que hacer frente al reto del fuerte incremento demográfico que la inmigración le impone, debiendo atender las necesidades no sólo a más ciudadanos sino a individuos de culturas, lenguas y orígenes raciales diferentes que, esencialmente, antes que inmigrantes, son personas necesitadas de ser tratadas y consideradas como tales.