Coves propone un acuerdo a Jaume Matas para salvar el lince ibérico
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, cree que la 'crítica' situación del lince ibérico y la falta de resultados positivos de los planes diseñados por las Administraciones autonómica y estatal para conservar la especie obligan a 'aunar esfuerzos para obtener la máxima rentabilidad de los recursos públicos'. Por esta razón, Coves ha propuesto al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, la firma de un convenio de colaboración donde se concretan varias medidas dirigidas a preservar el futuro del felino en Andalucía a través de un único programa conjunto, en el que se integrarían las actuaciones previstas por separado.
La Junta propone la creación de un comité interadministrativo formado por dos representantes autonómicos y dos estatales, encargado de impulsar el programa de conservación conjunto y de fomentar la participación de otras instituciones en él. Para la coordinación de las actividades incluidas en el programa de conservación, Coves plantea la creación de un equipo técnico, que estaría integrado por tres representantes: uno nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente, otro por la Junta de Andalucía y un tercero, que sería el coordinador científico, nombrado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En el programa de conservación se incluiría también un plan de cría en cautividad 'promovido, gestionado y presentado públicamente por ambas partes', según el texto de la propuesta elaborada por la Consejería de Medio Ambiente. Este plan atendería las 'recomendaciones' del grupo y el programa ya existente de la Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza.
En la iniciativa de Coves se contempla la opción de suscribir convenios con otras Comunidades Autónomas y Portugal que regulen su incorporación al programa conjunto de conservación del lince, o al de cría en cautividad. En la carta remitida a Matas el pasado lunes 11, Coves hace hincapié en la 'responsabilidad pública de salvar el lince' y asegura que su propuesta persigue un 'planteamiento consensuado de la actuación pública'.
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