El Gobierno rebajará de 7.000 a 1.000 millones de euros los avales por la nueva telefonía móvil UMTS

El Gobierno tiene previsto rebajar de 7.000 a 1.000 millones de euros los avales exigidos como garantía de cumplimiento de los compromisos adquiridos para la obtención de las licencias de tecnología de tercera generación (UMTS), que ganaron Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera, según informó ayer Europa Press citando fuentes del sector.

De esta forma, se concreta el compromiso adquirido por el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, que se mostró dispuesto a ser receptivo con los problemas por los que atraviesan las compañías de móviles, embarcadas en la aventura de UMTS, una tecnología aún no disponible que permitirá la transmisión de vídeos y la navegación rápida por Internet.

Por eso, el Ejecutivo está preparando una reforma legislativa que libere a las cuatro compañías, Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera, que se adjudicaron las licencias de UMTS de gran parte de las obligaciones de inversión a las que se comprometieron cuando ganaron el concurso en marzo de 2000 (ver EL PAÍS del 27 de septiembre).

Inversión comprometida

En ese concurso, las compañías se comprometieron a invertir en 10 años 16.296 millones de euros, respaldados por avales de más de 7.000 millones. El problema precisamente radica en que gran parte de esos avales vencían a finales de este año y comienzos del próximo, sin que se hayan podido cumplir los compromisos debido fundamentalmente a la indisponibilidad tecnológica. Con todo, el Ejecutivo ya ha liberado algunos avales a cuenta del despliegue inicial de la red. En el caso de Telefónica, de los 1.100 millones de euros de avales bancarios aportados (al margen de garantías), a 30 de junio le habían sido devueltos 319 millones. También a Amena le han devuelto aproximadamente el 3% de lo aportado.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología aprovechará también la reforma legislativa para adaptar el calendario definitivo de despliegue del UMTS. Según las bases del concurso, debía haberse puesto en marcha comercialmente en agosto de 2001 y se aplazó hasta junio de este año, aunque hasta el momento sólo se han realizado pruebas técnicas y ninguna de las compañías tiene fecha para el lanzamiento comercial. Entre los compromisos de las operadoras que ganaron el concurso estaba también la creación de 36.350 puestos de trabajo directos en 10 años, que tampoco se va a poder cumplir. Estas medidas suponen un respiro financiero para las compañías, al que podría sumarse la posibilidad de vender las frecuencias, decisión que puede tomarse conjuntamente con las autoridades comunitarias.

Las operadoras piden además que se facilite la compartición de infraestructuras, al considerar que la existencia de cuatro redes, con 9.000 estaciones base cada una, como se contemplaba en el concurso, no es viable ni comercial ni económicamente y que la licencia a, que tiene un plazo de vigencia de 20 años, cuente a partir del momento en que entre en servicio.