Sin ayuda de la Administración

'Tengo un hijo de 15 años que se niega ir al colegio, falta de casa cuando quiere, vuelve de madrugada, me roba dinero y pequeños objetos y dispone de la casa como de un hotel. No sé qué hacer con él. Necesito ayuda'. La llamada de auxilio de Vicente Sancho, de 42 años, es, como reconoce la Consejería de Bienestar Social o los servicios sociales municipales, la misma que se está extendiendo de forma creciente entre familias que no sólo son incapaces de controlar a sus hijos, sino que, en muchos casos, asisten con impotencia como los menores dan sus primeros pasos en el consumo de drogas o son expulsados del colegio por su comportamiento agresivo hasta que abandonan definitivamente la escuela, sin que puedan hacer nada. 'La Administración no me ayuda', se lamenta Vicente, quien después de un año largo recorriendo todas las instancias municipales, autonómicas y judiciales no ha encontrado ningún recurso que pueda ayudarle.

'Estoy cansado de poner denuncias en la comisaría cuando no viene a dormir porque no sirve de nada', señala. Tampoco le sirvió de ayuda su peregrinar por los distintos servicios sociales. En los equipos municipales primero intentaron tratar el problema a través de los recursos de intervención familiar, es decir, tratando con el padre y el hijo para resolver los problemas de conducta del menor. Vicente, que sale a las siete de la mañana y vuelve a casa hacia las 20 horas después de trabajar en la construcción, accedió a participar, pero su hijo no colaboraba. 'Sólo en una ocasión accedió a tratar con un técnico municipal y le dejó muy claro que no iba acceder a ingresar en un centro de menores', recuerda un trabajador de los equipos de menores del Ayuntamiento de Valencia. Tras evaluar la situación, remitieron el caso a Bienestar Social, recomendando su ingreso, pero el departamento que dirige Rafael Blasco denegó su entrada ante la falta de compromiso de que el menor asumiera su internamiento. Vicente trató de ceder la guarda a la Generalitat, pero le fue rechazada la solicitud.

Existen otros centros de menores, los de reforma, que sí comprenden medidas de ingreso forzoso. Estos son los que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor reserva a algunos de los jóvenes que cometen delitos y el internamiento requiere la orden de un juez, ya sea preventivo o fruto de una sentencia. Pero tampoco es ésta la situación del hijo de Vicente. Su padre admite que en dos años le puede haber robado unos 140 euros y 'tonterías', señala, 'pero no es un ladrón'.

La gravedad de este problema no se limita a la aparente falta de recursos especializados, sino a la generalización del número de menores, fundamentalmente adolescentes, inadaptados que desbordan la capacidad de los padres. Abogados especializados en menores consultados por este diario explican que la situación es un claro ejemplo de desprotección y que requiere la intervención de los servicios sociales. Bienestar Social reconoce que existe un vacío legal para hacer frente a este tipo de casos y señala que está preparando un anteproyecto de ley en el que se plantea la posibilidad de que los menores de protección permanezcan obligatoriamente en los centros.