Los afectados de Opening boicotearán a los bancos que les declaren morosos
Cerca de 20.000 alumnos de idiomas acusan al Gobierno de 'dejación de responsabilidad'
Los afectados por el cierre de las academias Opening consideran que el Gobierno ha hecho 'dejación de sus responsabilidades'. La coordinadora de estudiantes afectados por el cierre de Opening -45.000 estudiantes de inglés que se han quedado sin clases tras financiar su matrícula con créditos bancarios- celebró ayer una asamblea en Madrid en la que sus asistentes se autoproclamaron representantes de 20.000 alumnos de toda España. Los alumnos acordaron boicotear a los bancos y entidades financieras que coloquen en los registros de morosos a los estudiantes que no pagan sus cuotas.
Los afectados consideran que no se les puede calificar de morosos e instan a quienes tengan créditos por los cursos de inglés a que dejen de pagar las amortizaciones de los préstamos.
A juicio de esta coordinadora, el caso Opening sigue abierto, porque 'el problema no se ha acabado ni está resuelto'. Además, las soluciones propuestas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para que los alumnos siguieran los cursos pagados en las academias Wall Street son 'un globo de humo'.
El clima de crispación que viven los afectados contrasta con las opiniones vertidas en las últimas horas por un portavoz de Sanidad y Consumo, quien aseguró a este diario que la Administración, los bancos que han concedido créditos a Opening y un grupo de academias independientes están a punto de cerrar un pacto, que supondrá la recolocación de los 45.00 alumnos afectados por el cierre de Opening.
Los principales bancos acreedores de los créditos de Opening son el SCH, BBVA Finanzia, Banco Pastor y Eurocrédito. Medios de estas entidades manifestaron, por su parte, que han adquirido el compromiso de 'no incluir en estos registros a los alumnos que se quedaron sin clases y con un saldo crediticio pendiente de pago el pasado mes de septiembre, cuando cerró Opening'.
Los afectados reunidos en la asamblea de ayer dirigieron sus quejas también a la Fiscalía General del Estado, que de momento no ha intervenido en la búsqueda de responsabilidades penales en el caso Opening, a pesar de que las fuentes jurídicas consultadas consideran que existen indicios de presuntos delitos.
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