ERC llevará al fiscal dos informes 'inútiles' pagados por departamentos de Unió

El diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao lanzó ayer un misil sobre las tradicionalmente tranquilas aguas del oasis catalán: acusó a Unió Democràtica (UDC) de financiarse a través de informes encargadados por la Generalitat y anunció que llevará al fiscal del caso Turismo dos informes 'de nula utilidad' pagados por departamentos en manos del partido democristiano. Ridao desveló que entre 1994 y 2001 el Gobierno de Jordi Pujol se gastó 38,5 millones de euros (6.400 millones de pesetas) en 1.624 informes y estudios externos.

Ridao ha sido en esta legislatura uno de los principales martillos del Gobierno de CiU con su vigilancia sobre el crecimiento del número de altos cargos y, sobre todo, cuando detalló la identidad y los sueldos de todos los asesores del Ejecutivo. Ayer presentó un voluminoso informe que ha tardado dos años en elaborar -a partir de más de 100 preguntas parlamentarias- y que detalla todos los informes pagados por el Gobierno de CiU entre 1994 y 2001. Casi el 60% de estos informes fueron encargados con un amplio margen de discrecionalidad al ser considerados 'contratos menores' y quedar exentos, por tanto, de los elementos de control fijados para los contratos que superan los 12.000 euros (dos millones de pesetas).

En opinión del diputado republicano, del análisis del material recopilado se desprende que dos departamentos en manos de Unió Democràtica -Justicia y Trabajo- han encargado estudios 'de nula utilidad' siguiendo un esquema similar al llamado caso Turismo, objeto de una investigación judicial que sigue su curso. En este caso, varias empresas del entorno de Unió elaboraron informes en 1994 y 1995 que se limitaban a reproducir leyes vigentes para Turismo cuando este departamento estaba dirigido por Unió.

Ridao aseguró que algunos de los informes encargados por Justicia y Trabajo son 'grotescos' y que existe 'una evidente expansión del caso Turismo' como mínimo hacia Justicia y Trabajo. 'Ya no puede hablarse de caso Turismo, sino que estamos ante el caso Unió Democràtica', subrayó Ridao. El diputado anunció que su partido pedirá a la Sindicatura de Cuentas que fiscalice los informes encargados por el Gobierno catalán y explicó que llevará al fiscal dos de los informes aludidos que en su opinión demuestran la extensión del caso.

Los dos informes citados, que Ridao entregó fotocopiados en su conferencia de prensa de ayer, fueron encargados por los departamentos Justicia y Trabajo a dos empresas investigadas por el caso Turismo -Socesca y Creatiu Centre de Comunicació- y costaron 5.700 y 10.157 euros, respectivamente. Tratan sobre el derecho a la propia imagen y sobre el ius variandi empresarial.

El informe de Creatiu Centre de Comunicació consta de 50 folios redactados con un cuerpo de letra enorme, con un interlineado superior al normal y con mucho blanco, y se limita a reproducir artículos de leyes vigentes. El de Socesca, de 77 folios, tiene características de presentación similares.

En la lista aportada por Ridao constan todavía otras dos empresas que el diputado relaciona con el caso Turismo y que fueron contratadas por Justicia y Trabajo: Gestumer e ISA Consultores. Según el juez que instruye el caso, Gestumer fue 'una mera pantalla para desviar dinero público'. Según demuestra el diputado republicano, en la misma época en que realizó informes para Turismo los hizo también para Trabajo, que le pagó 11.500 euros por dos estudios.

ISA Consultores, por su parte, realizó entre 1994 y 1995 un total de 15 informes. Cada uno de ellos tenía un coste muy próximo al millón de pesetas (6.010 euros), pero ninguno superaba esta cifra. El millón de pesetas era el límite en 1995 para los 'contratos menores', sujetos a un control legal menor. Todos los trabajos están relacionados con el derecho, a pesar de que el objeto social de la empresa es la 'organización de congresos', el 'estudio de campañas publicitarias' y los servicios 'propios de las relaciones públicas'.

Este periódico se dirigió a Justicia para acceder a alguno de los estudios elaborados por esta empresa, pero una portavoz negó esta posibilidad. Por su parte, el administrador de ISA Consultores, Magí Oliver, aseguró a este periódico que él asumió el cargo en 1997 y que no puede dar cuenta de trabajos anteriores. En cualquier caso, subrayó que 'el trabajo y los ingresos de la empresa son muy claros'.

El trabajo de Ridao desvela también que en los últimos siete años Justicia ha encargado muchos informes a bufetes vinculados a personas del entorno del partido; entre otros, los ex consejeros Agustí Bassols (17 informes, 42.000 euros) y Josep Delfí Guàrdia (11 informes, 18.000 euros); Josep Lluís Serrat Abadal; el ex magistrado Josep Lluís Jori Tolosa, abogado del ex director general de Turismo Josep Cerveró, implicado en el caso Turismo, y Silvia Giménez-Salinas, hermana de la ex vocal del CGPJ a propuesta de este partido.

El Departamento de Justicia e Interior defendió todos los informes encargados y subrayó que 'en todos los casos' han sido elaborados por 'personas de reconocido prestigio' y que el procedimiento ha respetado siempre 'escrupulosamente' la ley. El portavoz de Unió, Jordi Casas, negó que su partido se haya financiado de forma irregular y lamentó 'la forma de hacer política de ERC'. 'Es un estilo de hacer política deplorable e impropio de un partido que aspira un día a gobernar'.

Del informe elaborado por el diputado se desprende que Política Territorial, Sanidad y Presidencia suman el 60% de lo que el Gobierno catalán se gastó en estudios entre 1994 y 2001. Varias empresas del entorno de Convergència Democràtica (CDC) también obtuvieron encargos; entre otras, Europraxis -vinculada a Josep Pujol Ferrusola-, que realizó en 1994 un trabajo para Economía que costó 60.000 euros; Line Staff (13 estudios, 1,19 millones de euros); el Institut d'Estudis i Professions, vinculada a Enric Renau (10 estudios, 156.263 euros), y Codeh, vinculada al ex consejero Jaume Roma (10 informes, 186.313 euros).