El Gobierno endurece el control de empresas con contratos públicos
Propuesta para limitar la edad de los consejeros
El Gobierno ultima una norma que obligará a todas las empresas que trabajan con la Administración a someterse a auditorías externas cuando reciban subvenciones de más de 600.000 euros anuales o firmen contratos públicos por encima de esa cifra, según indicó ayer el ministro de Economía, Rodrigo Rato. Además, para aumentar la transparencia de las compañías cotizadas, el Ejecutivo tiene sobre la mesa un paquete de propuestas que incluye limitar la edad de los consejeros a 70 años.
El endurecimiento de los controles sobre las compañías que tienen como clientes a las administraciones quedará recogido en un reglamento que se enmarca en la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas. Estas nuevas normas de auditoría sólo afectarán a las compañías que tengan contratos públicos cuando los ingresos derivados de estas contrataciones superen el 50% de su cifra de negocio.
'Se trata de lograr una mayor transparencia en la información económica de las empresas', indicó Rato durante la presentación del borrador del anteproyecto del Código de Sociedades Mercantiles. Ahora sólo deben someterse a una auditoría las compañías cotizadas, aseguradoras y entidades financieras y empresas que cumplan dos de estas condiciones: tener más de 50 empleados, activos superiores a 2,37 millones de euros y facturar 4,21 millones.
Respecto al Código de Sociedades Mercantiles, Rato matizó que el borrador no debe de verse como un 'imperativo', sino como 'un documento para el debate'. Dicho borrador ha sido elaborado por una ponencia de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia integrada por Fernando Sánchez, Alberto Bercovitz y Ángel Rojo. Éstas son las principales propuestas en relación a las compañías cotizadas.
- Consejo de Administración. Limitar la edad de los consejeros a 70 años. Además, el consejo, que deberá reunirse una vez al mes, estará formado por un mínimo de cinco miembros y un máximo no superior a 15, y contará con al menos un tercio de independientes. El presidente del consejo no podrá ser consejero delegado ni estar en la Comisión Ejecutiva.
- Retribuciones. La memoria recogerá la retribución de cada uno de los consejeros, por separado, especificando la cantidad percibida por cada concepto. Ahora sólo hay obligación de facilitar la remuneración del consejo en su conjunto.
- Junta de accionistas. Una minoría de accionistas (no se especifica el porcentaje) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrán solicitar al consejo la convocatoria de una junta extraordinaria e impugnar los acuerdos aprobados en las juntas, que deberán ser presididas siempre por un consejero independiente.
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