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Entrevista:Jesús Caldera | Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista

'El Gobierno está en complicidad con los especuladores de suelo'

Además de ser el número dos del PSOE y mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha convertido en el ariete parlamentario que desempeña el papel de malo en las relaciones con el Gobierno y con el PP. Ahora está embarcado en la tarea de buscar las vueltas a la gestión del Gobierno. Sólo deja fuera la política antiterrorista.

Pregunta. ¿Por qué están empeñados en reabrir el examen y la investigación del proceso de privatizaciones en España?

Respuesta. Democracia es igual a transparencia y quien la niega tiene algo que ocultar. Con las privatizaciones se ha trasladado una gran parte del poder público a manos privadas. Y este proceso se ha hecho de forma oscura, sin información, generan do un inmenso poder privado que no está beneficiando a los ciudadanos, y carece de controles suficientes. Hemos recurrido al Tribunal Constitucional para que el Parlamento pueda controlar ese proceso, nos ha dado la razón y el PP se niega a cumplir dicha sentencia. Desde luego, esa sentencia se cumplirá, si no ahora, sí cuando haya otra mayoría política. Si los mecanismos de control fallan, como se ha visto en Gescartera, se generaliza la corrupción y se debilita la democracia.

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P. ¿Tienen alguna sospecha concreta?

R. Nos niegan toda la documentación solicitada sobre las privatizaciones. Si eso es así, tenemos que sospechar que hay complicidad en episodios oscuros. Un ejemplo vale por todos: Telefónica, el buque-insignia de los manejos del Gobierno, al margen de su actividad empresarial y de los intereses de los accionistas, invirtió en diversos medios de comunicación para ponerlos al servicio del Gobierno con pérdidas superiores a los 700.000 millones de pesetas. Alguien debe responsabilizarse de estos hechos.

P. A juzgar por sus iniciativas parlamentarias, dirigen sus denuncias principalmente al vicepresidente económico, Rodrigo Rato.

R. El responsable es el presidente Aznar, pero el señor Rato fue el director del proceso. Por eso seguramente Rato ha dado órdenes a su grupo parlamentario para que no se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional y se impida la comparecencia de quien fuera presidente de Telefónica, Juan Villalonga. ¡Qué interesante sería saber si aquel salario extraordinario que recibieron cien directivos de Telefónica, 80.000 millones de pesetas, las llamadas stock options, lo autorizó el Gobierno. Entonces la empresa tenía aún participación pública y la acción de oro. Según el Tribunal Constitucional, lo importante no es la presencia accionarial sino el poder de disposición en la empresa del Gobierno. El Gobierno de Aznar tuvo que compartir esas decisiones. Recuerdo que cuando los directivos cobraron ese salario las acciones de Telefónica estaba en 29 euros, hoy a diez. Parece que se hizo crecer el valor de la acción de forma especulativa para que los directivos pudieran cobrar esas cantidades. Pero podríamos hablar de Endesa y de otras.

P. Han vuelto otra vez a las cuentas opacas del HSBC y el vicepresidente les ha dicho que la ley le ampara para no dar a conocer la identidad de sus titulares ¿Van a hacer algo?

R. Esto es muy serio y no sé si Rato es consciente de la gravedad de lo que dice. Cuentas opacas que eluden el control de las autoridades monetarias y de la Hacienda Pública; que pueden proceder de acciones delictivas. ¿Y esas cuentas son secretas? Entonces éste es el reino de los delincuentes. ¿El Parlamento no puede saber quiénes son esos defraudadores? Es inadmisible. Lo que parece es que Rato protege al HSBC, seguramente porque es incapaz de explicar el crédito de 500 millones de pesetas que este banco le concedió.

P. Una y otra vez insinúan que Rato ha recibido trato de favor.

R. Un miembro del Gobierno no puede recibir un préstamo de un banco público como era Argentaria. Y menos aún cuando ese crédito se concedió con informes técnicos sobre la dudosa solvencia de las empresas que lo solicitaban. Sociedades del señor Rato fueron adquiridas por Banesto y a los accionistas se les ha negado la información de a qué precio se pagaron. Debe ser el único caso en España. Yo no acuso de nada al señor Rato, sólo de falta de transparencia y en tanto en cuanto no explique esas situaciones crecen las sospechas.

P. ¿Siguen ustedes pensando, como dijo el señor Zapatero, que bajar los impuestos es de izquierda?

R. Sí. Bajar los impuestos a quien tiene un salario, sobre todo si es bajo, sí es de izquierdas. El actual sistema penaliza a quien tiene una nómina; quien paga impuestos de verdad en España es el que tiene nómina y entendemos que hay que hacer un esfuerzo por rebajar los impuestos a las rentas del trabajo. Según reconoce un informe del Ministerio de Hacienda, que ocultan y no hacen público, las rentas altas se han beneficiado 34 veces más con estas reformas que las rentas menores de tres millones de pesetas al año. Es una injusticia total.

P. Ya se están discutiendo los presupuestos vascos. ¿Están dispuestos ustedes a apoyarlos?

R. El señor Ibarretxe confunde las prioridades. Lo que debe hacer es retirar su propuesta soberanista de Estado asociado. Sus propuestas fracturan a la sociedad e introducen más problemas en la convivencia. Mientras no lo haga no se puede negociar ningún presupuesto.

P. El pasado miércoles el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, le llamó a usted 'desleal' por mencionar, aunque fue de manera colateral, el terrorismo en una pregunta parlamentaria.

R. Esto obedece al nerviosismo del Gobierno, que rescata lo peor de su tradición. Nos quiere llevar a la crispación y a las malas artes. Al señor Rajoy hay que recordarle que el pacto antiterrorista lo propuso el PSOE y él se lo tomó a broma y dijo que aquello era un conejo que sacábamos de la chistera. Si se trata de hablar de lealtad en la lucha antiterrorista, los españoles saben muy bien quien la ha practicado siempre, el PSOE. Cuando se quiere abusar de la ironía se pierden los papeles y eso le pasa con frecuencia a Rajoy, quien presume de liberal y moderado; pero no se nota por la censura que impone a Televisión Española bajo su responsabilidad.

P. ¿Qué opina sobre la batalla por la sucesión de Aznar?

R. Yo respeto sus decisiones, pero el dedazo no es buena solución democrática. Se nota nerviosismo en el PP; aparecen diversas facciones, mientras discuten si son galgos o son podencos, no se gobierna bien el país y el PSOE, gracias a sus iniciativas, sube en la confianza ciudadana.

P. El Gobierno anuncia la puesta en marcha de varias reformas importantes.

R. Eso es retórica. Según el Gobierno, no hay problemas. Pero la vivienda, la inseguridad, la familia están necesitadas de soluciones urgentes. En materia de vivienda, han convertido el suelo en pura especulación. Jamás, en ningún país del mundo, creció tanto el valor del suelo como en España en estos seis años y ello se debe a la ley que aprobó el PP. Rato, inspirador de la misma, se convierte así en el gran patrón de la especulación inmobiliaria. El valor debe ser el inicial para que los ayuntamientos puedan expropiar y garantizar el acceso a la vivienda de un ciudadano con necesidades. A eso se niega el Gobierno rotundamente porque actúa en complicidad con los especuladores del suelo.

P. El Gobierno entregará cien euros mensuales a las madres trabajadoras con niños menores de tres años.

R. Siendo una medida absolutamente necesaria, cuando ves la regulación, resulta injusta. Excluye a las madres sin empleo y dentro de las que tienen empleo sólo aquéllas con contrato estable y salario elevado van a disfrutar de la totalidad de la ayuda, porque es proporcional al tiempo trabajado y se ha de cotizar a la Seguridad Social por encima de los 1.200 euros anuales. Dicho de otro modo, una mujer con contrato precario o salario mínimo interprofesional sólo cobrará una parte, y pequeña, de la ayuda.

P. Ustedes consideran al Gobierno antiguo, antisocial, autoritario. Ponga caras a esos apelativos.

R. El más antiguo es Aznar, es la persona con más complejos. El más autoritario, Rato, con una soberbia despectiva que entra en el terreno del autoritarismo. El más antisocial, el conjunto del Gobierno, pero en este momento esa tacha la tiene la ministra de Educación por sus contrarreformas educativas.

Jesús Caldera, en el Congreso, el pasado jueves.
Jesús Caldera, en el Congreso, el pasado jueves.RICARDO GUTIÉRREZ

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