La juez decreta prisión sin fianza para los 3 administradores de CPV

Una juez de Madrid, Rosario Espinosa, decretó ayer 'prisión provisional comunicada y sin fianza' para los tres administradores de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). La juez les acusa de estafar a unas 1.200 familias que, en 1998, anticiparon dinero a CPV -casi 30 millones de euros- a cambio de viviendas en los nuevos barrios de Madrid. Cuatro años después, no se han hecho las casas y CPV admite que vendió el terreno donde iba a construirlas, explica la juez.

Los tres administradores encarcelados ayer son Miguel Ángel Morillo del Pozo y los hermanos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez. Los dos hermanos ya presos son hijos de Francisco García Moreno, director general de CPV y quien, en declaraciones a EL PAÍS, ha asumido toda la responsabilidad en la gestión de esta promotora. La juez ha citado para hoy, como imputado, a García Moreno. A juzgar por lo ocurrido con sus dos hijos y con su socio, es previsible que, tras declarar hoy, éste corra igual suerte.

La juez decretó la prisión de los citados tres administradores tras pedirlo así la fiscalía de Madrid y los abogados de las familias afectadas. Los letrados defensores reclamaron a la juez, como alternativa a la cárcel, que impusiese fianzas a sus clientes, pero la juez se negó. En el auto de prisión, la magistrada afirma que CPV 'firmó [en 1998] contratos de compraventa [de casas] con una 1.200 personas, aproximadamente, en los que se comprometía, previo pago de unas cantidades que oscilaban entre tres y cinco millones de pesetas, a la compra de terrenos en los distintos PAU [planes de actuación urbanística] y a la posterior construcción de las viviendas descritas en los contratos'.

La juez sostiene que en estos años CPV se ha limitado a 'realizar algunas compras de terrenos, insuficientes para la construcción de las viviendas ofertadas', que luego ha 'vendido'. Y añade que 'los fondos procedente de esa venta', así como el dinero recibido 'de los compradores', los ha destinado a otras 'promociones' de casas 'y a fines que se desconocen'. Este es el motivo, según la juez, por el que CPV 'no puede hacer frente ahora a la devolución' de parte del dinero entregado por los compradores; y, además, no posee terrenos 'para la construcción de las viviendas'.

Un portavoz de CPV señala que su promotora ha devuelto el dinero a 940 de las familias afectadas, si bien reconoce que carece de terrenos para la construcción de las casas porque los vendió.

Querella multitudinaria

Esta actuación judicial es fruto de una querella presentada inicialmente por seis de los 1.200 afectados. Posteriormente, se han adherido a esta querella varios cientos de más. Y el PSOE de Madrid, que asegura que detrás de este caso subyace la galopante especulación que soporta el suelo y que deriva en el encarecimiento desmesurado de las casas, ha anunciado que intervendrá en el proceso como acción popular.

Los tres administradores de CPV declararon ayer por turno ante la juez durante más de seis horas. Coincidieron en responsabilizar a García Moreno de toda la gestión de CPV. 'Él es quien daba las órdenes', reiteraron a preguntas de los abogados. Eso sí, admitieron que tenían un sueldo de 500.000 pesetas netas al més cada uno por su funciones, que consistían, explicaron, 'en dar información a la gente y firmar documentos'.

Los hermanos (de 26 y 24 años) indicaron que su padre les había regalado la empresa para que se formasen como empresarios. En concreto, 'un 35% a cada uno de los hijos y el 30% restante a Miguel Ángel Morillo del Pozo, amigo de la familia', explicó uno de los abogados presentes en el interrogatorio.

Tras declararse 'inocentes', los hermanos aseguraron que 'su padre lo dirigía todo y que ellos confiaban plenamente en él', aunque el papel de ellos se limitó a firmar papeles 'casi sin mirarlos', por lo que desconocían las operaciones de compraventa de suelo que llevaba a cabo CPV.

La noticia del ingreso en prisión de los administradores de CPV provocó ayer lágrimas de alegría en algunos afectados que se concentraron a las puertas de los juzgados de la plaza de Castilla.