Un funcionario de Lleida, juzgado por un desfalco de 8.000 euros

La Diputación de Lleida, gobernada por Convergència i Unió, ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia provincial al funcionario José de la Iglesia Palomera, para quien la acusación particular del organismo local solicita una pena de cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta por la supuesta apropiación de más de 8.000 euros de una oficina del Organismo Autónomo de Gestión y recaudación de Tributos Locales. Un jurado popular tendrá que decidir si considera culpable al acusado, que nunca ha negado su acción y que ya ha restituido la tercera parte del dinero supestamente desfalcado. El ente provincial quiere que el caso que se juzga en la Audiencia de Lleida sirva de ejemplo para el resto de recaudadores.

Los hechos se remontan al año 1997 cuando el acusado, auxiliar de la oficina de recaudación de Tàrrega, ofreció a dos contribuyentes de esa ciudad la posibilidad de pagar de forma fraccionada sus deudas tributarias con la Diputación, que ascendían a 5.980 y 2.464 euros, respectivamente. De acuerdo con el relato del fiscal, que pide 4 años de cárcel y 6 años de inhabilitación para el supuesto desfalcador, De la Iglesia recibió durante un año 21 entregas de dinero, pero no lo ingresó en la cuenta del organismo autónomo de recaudación como era su obligación. Los deudores, a su vez, recibían el correpondiente justificante de sus entregas a cuenta con su firma y el sello de la oficina de recaudación.

Reclamación reveladora

La Diputación de Lleida no descubrió el desfalco hasta dos años más tarde de haberse producido y fue cuando uno de los contribuyentes afectados presentó una reclamación porque la corporación provincial pretendía cobrarle unas deudas fiscales que él consideraba saldadas. Entonces se abrió una investigación y el acusado acabó reconociendo que se apropió de más de 8.000 euros, de los cuales en la actualidad ya ha retornado 5.600.

Durante la vista oral, De la Iglesia explicó que se apropio de ese dinero 'por pura necesidad', ya que en aquellos momentos se acababa de separar de su mujer y estaba atravesando por una mala situación económica.

La defensa del acusado consideró exageradas las peticiones del fiscal y de la acusación particular teniendo en cuenta que el mismo De la Iglesia ha reconocido la irregularidad e la que se le acusa desde el primer momento, ha colaborado en la investigación y empezó a devolver el dinero sustraído cuando las circunstancias personales se lo han permitido. Por ello, la defensa del funcionario público solicitó para su cliente una pena de un año de prisión y seis meses de suspensión para el ejercicio de cargos públicos y además que se aprecien las atenuantes de estado de necesidad, arrepentimiento espontáneo y voluntad de reparar el daño causado.