Los sindicatos denuncian la 'precaria' situación de los centros de menores

Los profesionales que trabajan en los centros de menores del Departamento de Justicia denunciaron ayer la 'precaria situación' de estas instituciones. Según los sindicatos no se planifican las nuevas necesidades, hay masificación en los centros, falta de inversiones y sobrecarga de los trabajadores. Justicia respondió con una nota en la que asegura que se crearán 265 plazas en centros de menores y que se han incorporado 78 profesionales en la plantilla de trabajadores.

Las competencias del Departamento de Justicia en materia de menores abarcan dos ámbitos: las medidas de protección a niños en situación de riesgo social, que dependen de la Dirección General de Atención al Menor, y la tutela de los menores que han delinquido, de lo que se encarga la Dirección General de Medidas Penales Alternativas y Justicia Juvenil. Los centros preventivos atienden a unos 1.500 niños y los de justicia juvenil tienen unos 200 internos.

El comité intercentros del Departamento de Justicia, en el que tenen representación los sindicatos UGT, CC OO, CATAC, CGT y CSI-CSIF, presentó ayer un informe que concluye que, ante la situación actual de los centros de justicia juvenil, los profesionales 'no pueden garantizar el cumplimiento estricto de las leyes y, por tanto, que los menores que salen de los centros lo hagan en mejores condiciones de las que entraron'. Por ello, los sindicatos afirman que 'se da un posible maltrato institucional' de los menores por parte del Departamento de Justicia. El comité pide que se creen seis nuevos centros, un incremento de las inversiones, la aplicación de medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y la intervención del fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, junto a la fiscalía y los jueces de menores para investigar la situación de los centros.

Los sindicatos atribuyen, en parte, la situación de los centros a que en los últimos años se han producido una serie de cambios en el perfil de los menores, mientras que las directrices educativas de Justicia no se han modificado. Uno de los cambios más significativos es el incremento de la mayoría de edad penal de los 16 a los 18 años desde la entrada en vigor en el año 2000 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. La aplicación de esta ley se traduce en un aumento de la población de los centros de justicia juvenil porque asumen a los chavales con edades comprendidas entre 16 y 18 años, que con la anterior ley iban a la cárcel.

Otros cambios que se han producido, a juicio de los sindicatos, son el aumento de menores originarios de países del Magreb y de la Europa del Este -que en algunos centros llegan a ser el 50% de los internos- y el de internos que sufren graves trastornos psiquiátricos y derivados de toxicomanías, situaciones para las que los sindicatos aseguran que no hay medios para afrontarlas.

El comité denunció también la falta de plazas. Este déficit afecta tanto a los centros de atención a la infancia, donde hay una lista de espera de un millar de menores, como a los de justicia juvenil, algunos de los cuales han llegado a superar su capacidad en un 75% y han tenido que alojar a los internos en colchones en el suelo o literas, agrega el informe. El hacinamiento comporta una 'mezcla de menores de distintas edades y problemáticas en los mismos módulos que hace muy difícil trabajar en condiciones', explicó José Manuel Ruiz, del sindicato UGT y presidente del comité. Ruiz aseguró que los centros se han convertido en un 'cajón de sastre' y criticó también la falta de centros en todas las provincias, mientras que la mayoría de los menores se concentra en Barcelona. Los sindicatos calificaron los presupuestos de Justicia de 'ridículos' para atender todas estas necesidades y explicaron que se ha llegado a dar el caso de poner en peligro los centros por falta de mantenimiento de los dispositivos de seguridad.

El Colegio de Educadores Sociales de Cataluña explicó ayer que ha encargado un estudio para comprobar las denuncias de los sindicatos y tomar medidas en caso de que sea necesario hacerlo. Los sindicatos lamentaron que a pesar de que presentaron el informe hace seis meses al Colegio de Abogados, a los jueces y los fiscales de menores, no han obtenido respuesta. Los sindicatos añadieron que sólo reaccionó el Síndic de Greuges, quien traspasó el estudio al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.