Contra el desalojo de Correos

Ante la posible ubicación del Tribunal Constitucional en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, solicitamos, por los derechos que nos asisten como funcionarios de los cuerpos de Correos y Telégrafos, como usuarios, como madrileños, como españoles, como amantes y defensores del patrimonio histórico, defender el derecho histórico del Palacio de Comunicaciones de Madrid.

Es un edificio declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, por Real Decreto 892, de 4 de junio de 1993, por lo que está sometido a la protección máxima que exige la Ley del Patrimonio Histórico Español, de 1985. Cualquier actuación que altere su estructura, su función, su nombre estará sometida a esta ley.

El Palacio de Comunicaciones es un referente de la arquitectura del siglo XX de toda España. La construcción del Palacio de Comunicaciones, en un solar cedido por el Ayuntamiento, por un concurso ganado por los arquitectos Antonio Palacios y Otamendi, ha sido marco de los principales acontecimientos históricos de estos cien años.

Básicamente, se conserva toda la estructura del palacio y sus partes más emblemáticas, como son el hall, los buzones, la sala de aparatos, sala de transmisión, distribución de correspondencia, la parte noble de la dirección, salón de actos...

Los servicios de comunicaciones que se ofrecen en el Palacio hacen de este punto céntrico una referencia para todos los usuarios de estos servicios, y para todos los visitantes, al tratarse de uno de los espacios arquitectónicos más significativos del siglo XX. Quizá sea, después del Museo del Prado, el edificio en Madrid que cuenta con mayor número de visitas al día.

Un cambio de finalidad del edificio como Palacio del Tribunal Constitucional, con un plan de actuaciones de obras para adecuarlo a este uso, estaría cuestionando la Ley del Patrimonio Histórico Español, pues estas adecuaciones de espacios transformarían parte de su estructura original, se perdería un edificio histórico para el uso que fue creado y esta transformación implicaría además un elevado coste económico, ya que todas las instalaciones para las comunicaciones que allí existen (antenas, fibra óptica, equipos de distinta clase, dependencias de atención al usuario...) habría que llevarlas a cabo en otro edificio, con el consiguiente despilfarro que ese cambio supondría.