'L'Oca' llega a juicio cuatro años después

La declaración de los tres acusados en la causa del hundimiento del catamarán turístico L'Oca, que costó la vida a 21 jubilados franceses en aguas del lago de Banyoles el 8 de octubre de 1998, abrirá hoy un macrojuicio que puede prolongarse tres meses en sesiones de tres días por semana. El Juzgado de lo Penal número 2 de Girona ha decidido celebrar la vista oral en las dependencias de la Fira de Girona para dar cabida a todos los asistentes y a los numerosos medios de comunicación acreditados.

Los propietarios de la embarcación, Simó Rodríguez, de 40 años, y Bartomeu Gayolà, de 72, y el ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Banyoles Josep Alsina, de 38, se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años de prisión por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y 16 delitos de lesiones. Asimismo, la fiscalía reclama para los acusados indemnizaciones que ascienden a 1.296.000 euros para los familiares de las víctimas y los 16 pasajeros lesionados.

El fiscal pide penas de 4 años de cárcel para tres acusados por homicidio imprudente

El juicio se prolongará tres meses y sólo se celebrarán tres sesiones por semana

Según el calendario previsto por el tribunal, las declaraciones de los acusados se prolongarán durante tres días. Entre el 11 y el 19 de noviembre declararán un total de 68 testigos españoles. El 20 de noviembre se iniciarán las declaraciones de los 90 testigos franceses, aunque no se tiene certeza sobre cuántos comparecerán. La mayoría de estos testigos son pasajeros de los tres autocares con 141 jubilados de una edad media de 65 años que llegaron a Banyoles a las diez de la mañana el día de siniestro. Todos ellos subieron al catamarán que acabó naufragando cuando zarpaba marcha atrás.

Restricciones a los medios

El juicio se transmitirá por videoconferencia a tres sedes judiciales francesas -Rouen, Laval y Saint Giles-Croix de Vie-, a las que podrán acudir familiares y periodistas franceses. No obstante, por orden expresa de la juez, Elena Mercado, los medios de comunicación no podrán grabar ni emitir sonidos e imágenes de las incidencias de la sala de vistas. Sólo se autorizará la toma de imágenes durante cinco minutos el primer día del juicio, antes de que éste se inicie. Estas medidas son habituales en la justicia francesa, pero en la española dependen del criterio de cada juez. Las medidas restrictivas adoptadas por esta magistrada son muy poco habituales entre los jueces españoles, especialmente cuando el caso que se juzga tuvo un gran eco social y teniendo en cuenta, además, que no hay menores implicados, cuya intimidad la ley obliga a proteger.

Los dos propietarios y el ex concejal se declararán inocentes de las acusaciones e intentarán demostrar que no tienen responsabilidad en el naufragio. El fiscal atribuye a Simó Rodríguez la orden de realizar los burdos agujeros de refrigeración en la popa, a escasa distancia de la línea de flotación, que permitieron la entrada de agua. No obstante, los propietarios se enfrentan a otras acusaciones que también influyeron en el fatal desenlace: falta de titulación para navegar, sobrepeso de pasaje, exceso de baterías, rotura de los compartimentos estancos de la embarcación y colocación de asientos sin sujeción. Por su parte, Josep Alsina se sienta en el banquillo por su cargo de concejal. El fiscal le acusa de infringir el Reglamento de Actividades del Estany, que establecía revisiones periódicas de las embarcaciones y exigía titulación a sus patronos. La defensa del consistorio mantendrá durante el juicio que el control de la navegación en el lago era responsabilidad de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, a la que la juez decidió exculpar.

Las indemnizaciones que reclama el fiscal a los acusados fijan una cantidad aproximada de 59.408 euros para los cónyuges de cada víctima mortal y de 6.601 euros para cada uno de sus hijos. Tanto la empresa de los propietarios de la embarcación, La Carpa de l'Estany, SA, como el consistorio bañolense tenían contratadas pólizas de seguros cuyo límite de responsabilidad está fijado en 601.000 euros. Los supervivientes del naufragio no sufrieron lesiones físicas de gravedad, aunque sí psíquicas: fobia al agua, ansiedad, insomnio y síndrome depresivo.