Comienza el macrojuicio por el naufragio del catamarán de Banyoles

El macrojuicio por el naufragio del catamarán turístico La Oca en el lago de Banyoles (Girona) en 1998, que costó la vida a 21 jubilados franceses que estaban de vacaciones en Lloret de Mar, se ha abierto a las 9.40 horas. En medio de un despliegue sin precedentes, la vista, que durará tres meses y que costará al erario público 237.566 euros (casi 40 millones de pesetas), se celebra cuatro años después de la tragedia en el recinto ferial de Girona para poder acoger a todos los testigos, periodistas y público.

Un total de 21 sesiones, tres acusados, cuatro presuntos responsables civiles, 235 testigos citados a declarar y más de 100 periodistas acreditados son las cifras de un proceso que ha levantado enorme expectación en Francia y, en particular en la región de La Rochelle, de la que eran originarios la mayoría de víctimas y heridos. Por primera vez, el juicio, que preside la juez Elena Mercado, es retransmitido vía satélite a tres ciudades francesas: Rouen, Laval y Saint Gilles-croix de vie, para que lo puedan seguir sin necesidad de desplazarse a Gerona los familiares de las víctimas del naufragio, en un montaje que tiene un coste de casi 54.000 euros.

Los propietarios y un ex edil

El fiscal y las acusaciones particulares personadas en la causa, un total de siete, piden para los acusados cuatro años de prisión por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y otras 16 de lesiones. Los procesados son los propietarios de la barca La Oca, Simón Rodríguez y Bartolomé Gayolá, y el ex concejal de Medio Ambiente de Banyoles Josep Alzina.

El fiscal pide que paguen a los familiares de las víctimas mortales y a los heridos indemnizaciones que superan los 1,4 millones de euros, cantidad que las acusaciones particulares elevan a 13 millones de euros, lo que supone más de 2.000 millones de pesetas. La acusación se centra en que el naufragio se produjo porque los dueños del catamarán realizaron modificaciones ilegales en el barco, básicamente el aumento de potencia la nave y la apertura dos agujeros en la popa para dar mayor ventilación a los motores, por donde entró el agua que llevó a pique la embarcación.

Por su parte, la acusación contra el Ayuntamiento se basa en que presuntamente no verificó esas modificaciones y permitió que La Oca navegara. Los hechos sucedieron la mañana del 8 de octubre de 1998, cuando los propietarios del barco permitieron que subiesen a bordo 141 jubilados franceses que estaban de vacaciones y, debido al aumento de peso y a la inundación del barco por la popa, la embarcación naufragó con el resultado de 21 personas muertas y 16 heridas.

A su llegada al Palau Firal de Gerona, Bruno Guyon, portavoz de las víctimas, ha señalado que los supervivientes y familiares esperan que se declare la responsabilidad tanto de los propietarios del barco como del Ayuntamiento porque "no hizo nada para verificar las modificaciones del catamarán". Carles Monguillod y Narcís Pérez, abogados de los dos barqueros, han ofrecido una rueda de prensa antes del juicio en la que han dicho que están convencidos que hubo una "imprudencia" pero afirman que no se puede imputar a sus clientes y responsabilizan a los industriales que participaron en la fabricación del barco.