Adriano, ni héroe ni villano
El plan de informatización de la Justicia se ha convertido en el escenario de una amarga pelea con claros tintes políticos
Adriano es un instrumento lógico, gestado como herramienta específica para el trabajo en las oficinas judiciales y que se ha convertido en el escenario de continuas grescas entre los que lo crearon o promovieron y algunos de los que lo tienen que usar. Los primeros aseguran que es el primero de la clase, un ejemplo de tecnología andaluza que supera a sus iguales diseñados en Cataluña o el País Vasco. Para sus detractores, es lento y merecedor de poca confianza. En esta disputa ininterrumpida desde que el Plan Adriano se pusiera en marcha en 1998, probablemente ambos bandos tengan razón, al menos en parte, pero se resisten a ponerse de acuerdo y es que la pelea es más política que funcional o cibernética.
El pasado miércoles, alrededor de una sesentena de funcionarios simpatizantes con el sindicato CSI-CSIF protagonizaron un plante de un cuarto de hora en los juzgados ubicados en el edificio Viapol de Sevilla. Los funcionarios criticaban la 'lentitud' del sistema informático que, según uno de sus portavoces, Rosendo Martínez, puede tardar hasta 20 minutos en abrir un simple documento.
Lo que está claro es que CSI-CSIF se ha encargado de airear hasta la más mínima anécdota sucedida durante la implantación del sistema en más de 500 órganos judiciales de toda Andalucía. La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Rosa Bendala, se queja de esta actitud de balconéo inmisericorde ('que no falto de intención') del abanderado del proyecto de la Junta de modernizar la administración de Justicia en Andalucía. Bendala admite que aún queda mucho dinero que gastar y camino que recorrer para que el sistema sea perfecto. Pero se resiste a entender tanta beligerancia contra este proyecto. La única explicación la haya en la arena política. No en vano, el sindicato CSI-CSIF es el origen de la mayoría de los conflictos alrededor de la Consejería de Justicia.
Esta agrupación ha sido la instigadora o puede que únicamente ejecutora de las denuncias que han dejado las convocatorias de oposiciones a funcionarios - y el futuro de miles de interinos- encerradas en un laberinto judicial. En uno de sus comunicados de hace algunos meses, como coletilla de una reivindicación laboral se llegaba incluso a plantear la devolución de la competencia de Justicia al Gobierno central.
Desde CC OO también se discrepa de la postura adoptada por el otro sindicato. Un portavoz en Sevilla aseguraba que Adriano 'falla y mucho', pero asumía que había que tener paciencia. También se tacha a CSI-CSIF de oportunista, y se asegura que la concentración del miércoles se hizo a pesar del aviso de que habría fallos ya que se estaban cambiando servidores para mejorar el sistema.
Por su parte, Martínez admitía esta semana en su local sindical que la implantación del sistema es un proceso sin vuelta atrás y supone una modernización evidente, pero justificaba la beligerancia de su sindicato con un socorrido pero inconcreto: 'Es que tenemos miedo de que no funcione nunca'.
Una historia de balbuceos, bofetadas y aciertos
Tanto los defensores como los detractores de Adriano tienen argumentos y razones de peso. - Antecedentes. La Consejería de Justicia asegura que en 1997 los entonces 600 jueces y magistrados, 350 fiscales, 480 secretarios judiciales y más de 5.000 funcionarios trabajaban en una situación de precariedad absoluta. Más de dos tercios de las oficinas judiciales carecían de informatización y tan sólo se usaba en un 15% del tercio restante. - Objetivos. Informatización de las oficinas judiciales, creación de un sistema documental, establecer una red judicial de comunicaciones, asegurar la inviolabilidad de la información judicial y por último, formación y creación de una nueva cultura de trabajo.En el aspecto material, se han comprado e instalado 7.500 ordenadores, 5.000 impresoras, 192 servidores y con una inversión de más de 34 millones de euros. - Quejas. Los funcionarios se quejan de lentitud en la apertura de documentos y de que el sistema se cuelga en plazas de mucho volumen de trabajo. El pasado enero, la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla le dio un peculiar ultimátum a la Junta para que solucionara los problemas en 45 días. El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, salió en defensa del plan e incluso vinculó las quejas a la 'cultura' laboral de algunos jueces que preferían 'usar papelitos'. - Logros. El CGPJ le ha otorgado los niveles más altos de compatibilidad (por encima de los planes de Cataluña y País Vasco) y dio luz verde a los sistemas de firma electrónica y encriptación.En agosto del pasado año, el sistema diseñado por la Junta vivió su mayor momento de gloria cuando gracias a las copias de seguridad se pudieron recuperar algunos de los sumarios robados en los juzgados de Marbella. La modernización de la administración de Justicia dio así su primer fruto incuestionable.
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