Impuestos sin ideología

En los últimos meses, tras el verano, y a la espera de la aprobación antes de navidades de los presupuestos municipales, los ayuntamientos de las capitales andaluzas han aprobado como paso previo a la elaboración de sus cuentas anuales las correspondientes reformas de sus ordenanzas fiscales, en las que se incluyen las subidas de impuestos y tasas locales.

Una mirada a vista de pájaro, un análisis global de las políticas fiscales para el próximo año, según se reflejan en cinco de las más importantes fuentes de ingresos municipales, permite comprobar que en asuntos de dineros poca o ninguna influencia tiene el color político de cada gobierno local, sino más bien las necesidades particulares de cada ciudad, su situación financiera y el uso que cada equipo gubernamental hace de estos instrumentos en una toma de decisiones a menos de un año de las próximas elecciones.

Cádiz se sitúa en segundo lugar de las capitales españolas con mayor presión fiscal

Ninguna de las modificaciones llega a superar los niveles del IPC interanual

Así, se dan casos como el de Cádiz, ayuntamiento gobernado por el PP -con su presidenta regional, Teófila Martínez, como alcaldesa-, que se sitúa en segundo lugar de la clasificación de capitales españolas con mayor presión fiscal en 2001, con un coeficiente de 64 sobre 100 (capacidad máxima impositiva que permite la ley), según cálculo del Ministerio de Hacienda.

El dato fue ayer paradójicamente obviado por su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, que sí aireó un listado de 10 ciudades encabezado por Barcelona, con el 72%, seguida por Sevilla con un 59,5% de presión fiscal. El pleno gaditano aprobó ayer una subida de impuestos del 2%, que Martínez difundió como una rebaja por ser una cifra inferior a la tasa del Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual, que ya alcanza el 3,6%.

Parecida política fiscal sigue el Ayuntamiento de Huelva, regido por el popular Pedro Rodríguez, que con una presión fiscal del 58,6% también merecería aparecer en la lista nacional publicada ayer (debería hacerlo en cuarto lugar) y facilitada por su propio partido, aunque no lo hace; y que aprobó en su pleno de ayer una subida lineal de los impuestos locales del 2% de la que sólo se salva el de bienes inmuebles.

Ciudades igualmente gobernadas por el PP, como Jaén o Málaga, disfrutarán el próximo año, sin embargo, de una auténtica congelación de impuestos, pues en ninguna de las dos sube ninguno de los tributos con mayor potencia recaudadora. Incluso, en el caso de la capital malagueña, su regidor, Francisco de la Torre, prepara el descenso de un 2% en el impuesto de vehículos.

Dice el refrán que en todas partes cuecen habas y en materia fiscal tampoco hay excepciones. En el PSOE se contraponen casos como el de Almería, situada con una presión fiscal del 46,5% entre las más discretas de Andalucía y desde cuyo Ayuntamiento se mantienen congelados los tributos más importantes desde su llegada al poder, en 1999; y Sevilla, que ha registrado fuertes subidas impositivas en los tres primeros años de mandato (cifradas en alrededor del 20% según el grupo municipal popular) para hacer frente a la difícil situación financiera de las arcas municipales heredada en 1999.

Aunque esa tendencia ha sido corregida para 2003 (se han congelado la mayoría de los tributos y las escasas alzas son menores al IPC interanual, lo que ha provocado la acusación de electoralista desde la oposición para la política fiscal a un año de las municipales), la ciudad se sitúa en una presión fiscal del 59,5%, una de las más altas del país.

Sobre todo este escenario de política fiscal planea el proyecto estatal de reforma de la Ley de Haciendas Locales, que ha empezado a debatirse esta misma semana en el Congreso de los Diputados. Con esta reforma el Gobierno pretende, entre otras cosas, eliminar el Impuesto de Actividades Económicas, una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos. Los gobiernos de las capitales andaluzas han expresado en su mayoría, incluidos varios del PP, su preocupación por la incierta repercusión que esas modificaciones tendrán en sus fuentes de financiación.

Ese clima de incertidumbre, y las peculiares características de las cuentas de cada ciudad, se reflejan en las medidas adoptadas en los últimos días por los respectivos ayuntamientos sobre los cinco impuestos locales con mayor capacidad recaudatoria.

- Impuesto de Actividades Económicas. El Gobierno tramita ya su práctica desaparición. Supone, de media, el 20% de ingresos de los municipios. Los ayuntamientos tiemblan ante el escenario de tener que prescindir de este instrumento recaudatorio. Según los planes del PP, con su modificación, más del 90% de los contribuyentes se verán exentos de su pago. Los responsables de las haciendas locales coinciden en que es un tributo injusto, que grava al emprendedor, pero temen que el Ejecutivo no cumpla su promesa de compensarles la pérdida de ingresos con fondos del Ministerio de Hacienda. El riesgo es especialmente grande para ciudades como Cádiz, Sevilla o Córdoba, en las que había experimentado fuertes subidas en los últimos años.

- Impuesto de Bienes Inmuebles. Es la parte del león, la porción más grande en la tarta de la recaudación tributaria municipal, supone el 50%, entre el rústico y el urbano, de todos los euros que ingresa cada ayuntamiento anualmente. Para el próximo año, la mayoría de los gobiernos locales ha optado por congelarlos. Sólo Cádiz (un 2%), Granada (2,6%), y Córdoba (3%) han optado por su subida, aunque en el caso cordobés ese porcentaje es la media del rústico y el urbano. El segundo tributo, el más potente, 40% de la recaudación, está previsto que se reduzca en más de un 2%.

Sin embargo, pese a que el tipo de aplicación del impuesto no suba, o lo haga levemente, el ciudadano notará cómo el IBI pesa en 2003 en su bolsillo más que hasta ahora. La congelación del tipo es la tónica en los últimos años, pero el impuesto no deja de subir en términos absolutos. La culpa es del catastro, el registro municipal en el que consta el valor monetario de todas las propiedades inmobiliarias del término.

Tras años de estancamiento, el Estado ha procedido a la revisión de estos registros en un plazo de tiempo que concluye en 2010. Esa actualización ha acercado los valores inscritos a los reales, con lo que está provocando en la mayoría de los casos una enorme subida de los mismos. Por tanto, aunque los tipos de aplicación del IBI no suban, o sólo lo hagan ligeramente, cada año se aplican sobre cantidades mayores, por lo que el ciudadano se rasca su bolsillo cada vez más.

El proyecto de ley del Gobierno plantea una posibilidad que ha sido muy aplaudida por la mayoría de los ayuntamientos, que no tardarán en ponerla en práctica en cuanto la reforma sea aprobada: elevar considerablemente (un 50%) el tipo impositivo del tributo en los casos de viviendas desocupadas, con respecto a las habitadas.

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Es otra de las joyas de la corona de la financiación local. Supone otro 20% de los ingresos de cada ayuntamiento. Y ellos lo saben. Para 2003, sólo el caso de Jaén, que lo congela, y la sorprendente decisión de Málaga de reducirlo en un 2%, se salen de la tónica general de subidas, aunque moderadas. Si bien es cierto que ninguna de las modificaciones llega a superar los niveles del IPC interanual, que en septiembre alcanzó el 3,6%.

Así, las subidas más fuertes se registran en Almería (3,4%), Sevilla (3,13%) y Córdoba (3%); mientras en Cádiz, Granada y Huelva oscilan entre el 2% (el objetivo de IPC fijado por el Gobierno a principios de año) y el 2,6%.

- Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras. Este tributo, al igual que el antiguo de Plusvalías, suma el 5% de los ingresos de las haciendas locales. La mitad de las capitales andaluzas (Almería, Jaén, Málaga y Sevilla) han optado por renunciar a potenciar con subidas su capacidad recaudatoria, mientras el resto aplicará subidas que oscilan entre el 2% de Huelva y Cádiz, y el 2,6% de Granada o el 3% de Córdoba.

- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Esta complicada nomenclatura responde al antiguo impuesto de plusvalías. Las decisiones de los ayuntamientos al respecto para 2003 son idénticas a las adoptadas para el de construcción, con una marcada división entre quienes lo congelan y quienes lo alzan, siempre por debajo de la previsión del IPC.