La deuda prevista por las empresas públicas supera el aval de la Generalitat
Ciegsa, Ferrocarrils y RTVV desbocan los capítulos de acreedores a largo plazo
La ley de presupuestos autoriza a la Generalitat valenciana a conceder avales a las entidades y empresas públicas por un total de 600 millones de euros. Sin embargo, los programas de las distintas sociedades vinculadas a la Generalitat recogen una estimación que desborda con creces ese tope. Sólo el aumento de las obligaciones a largo plazo previstas por Ciegsa y Ferrocarrils de la Generalitat valenciana durante 2003 suma 660 millones de euros.
La ley de acompañamiento de los presupuestos prevé toda una serie de medidas, que entrarán en vigor en 2003, para evitar que las cuentas de las empresas públicas provoquen tensiones de tesorería a las arcas de la Generalitat. Una alta fuente de la Consejería de Hacienda explica que las novedades sólo persiguen organizar los pagos de las empresas públicas para compaginarlos con la disponibilidad de fondos de la Generalitat. Pero a la vista de las previsiones de endeudamiento que plantean las distintas entidades y empresas públicas para 2003, los controles sobre las cuentas de las empresas públicas deberán extremarse.
La sociedad constituida para culminar las obras previstas en el mapa escolar de la Comunidad Valenciana, que a finales de 2002 prevé acumular 365 millones de euros en deudas a largo plazo, duplica con creces esa cifra en las cuentas de 2003. La hipoteca de Ciegsa se elevará durante el próximo año a 770 millones de euros. Además, la empresa prevé disponer de anticipos a corto plazo que suman 176 millones de euros en 2003. El objetivo que se ha trazado el Consell es culminar las decenas de edificaciones escolares pendientes en territorio valenciano durante el próximo año.
Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) también está condenada a ser deficitaria, pero las previsiones para el próximo ejercicio son muy elevadas. FGV también prevé duplicar con creces el capítulo de acreedores a largo plazo para situarlo en 404 millones de euros a finales de 2003. El volumen de las deudas es achacable en su práctica totalidad a las obras de la línea 5 del Metro de Valencia.
Ràdio Televisió Valenciana merece capítulo aparte. Entre anuncios en torno a la inminente privatización de su gestión, el presupuesto de RTVV recoge una notable ampliación de los gastos de personal y prevé un aumento de las obligaciones a largo plazo en torno a 124 millones de euros. El presupuesto de RTVV crece cerca de un 20% en conjunto sobre el del año anterior, una expansión sorprendente para una empresa supuestamente en venta.
La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, heredera de la Sociedad Parque Temático de Alicante, prevé un aumento de sus obligaciones a largo plazo por un total de 76 millones de euros. Y, sorprendentemente, deja al margen la entidad dedicada al Proyecto Cultural de Castellón, que inicialmente tenía previsto incorporar y que, por su parte, prevé elevar sus propias deudas a largo plazo en 29 millones hasta situarla en 65 millones de euros.
La sorpresa en el capítulo de las obligaciones a largo plazo aparece en las cuentas de CACSA, la empresa promotora del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en el antiguo cauce del Turia en Valencia, que tiene previsto reducir tanto sus obligaciones a largo plazo, en 42 millones de euros, como a corto, en 28. Sin embargo, el programa de ingresos y gastos de CACSA para 2003 estima pérdidas por un total de 55 millones de euros.
La entidad de Saneamiento de Aguas Residuales o el Instituto Valenciano de Vivienda acumulan nuevas partidas millonarias de 55 y 27 millones en los capítulos de crédito que, a la postre, avalará la Generalitat.
Uno de los movimientos más llamativos en los presupuestos de las entidades públicas para 2003 corresponde al notable aumento del presupuesto genérico del Instituto Valenciano de Finanzas. El instrumento financiero de la Generalitat triplica con creces sus números en los presupuestos oficiales al pasar de 17 millones de euros a 56. La subida se consigna por completo en una partida que ronda los 40 millones de euros en el capítulo correspondiente a operaciones financieras.
Una fuente del IVF explica que los presupuestos de la entidad financiera que se someten a las Cortes apenas se corresponden con la realidad; sugiere que el aumento de cifras absolutas se debe a la necesidad de ajustar la contabilidad con los datos reales porque, asegura, el instituto ha logrado notables beneficios durante este año.
El IVF pagará impuestos por primera vez en su historia en 2002 puesto que ha logrado suprimir todas las cargas arrastradas desde años anteriores. Y es que, a la postre, la gestión de la deuda es un negocio.
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