El fiscal archiva una denuncia del consejero Grau contra un particular

Los personajes públicos están obligados a soportar los ataques al honor si éstos se producen a través de opiniones o informaciones de interés general. Así lo establece la fiscalía de Lleida en una resolución por la que archiva las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por el consejero de Agricultura de la Generalitat, Josep Grau, contra un vecino de Fondarella (Pla d'Urgell), Joan Reñé Reñé, por los presuntos delitos de injurias y calumnias. La fiscalía ha archivado la denuncia por considerar que los cargos públicos 'están obligados a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos resulten afectados por opiniones'.

Los hechos se remontan a hace un año, cuando Reñé publicó una serie de artículos en la revista local La Nació Catalana. Portaveu del Partit Nacionalista Català, en los que calificaba a Grau de 'mentiroso, pelacañas y mediocre', y criticaba su gestión como consejero. 'Allá donde este individuo entra, el endeudamiento es seguro mientras él cada día está más forrado', añadía el articulista y editor de la revista. La fiscalía alude a una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que en el caso de los cargos públicos 'la tutela del derecho al honor se debilita, proporcionalmente, como límite extremo de las libertades de expresión e información cuando sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicados en asuntos de relevancia pública'.

La fiscalía añade que en los supuestos delitos contra el honor se ha de tener en cuenta el carácter público o privado de la persona ofendida, ya que cuando se ejerce la libertad de expresión, 'los límites de las críticas son más amplios si las mismas se refieren a los que, por dedicarse a actividades políticas, están expuestos a un control más riguroso de sus actividades'.