CiU encarga un informe legal sobre la ley de seguridad de los concejales

El Departamento de Gobernación ha encargado al Instituto de Estudios Autonómicos un informe jurídico sobre la ley de seguridad de los concejales y, en concreto, sobre la posibilidad de que el Gobierno central disuelva los ayuntamientos que amparen o justifiquen las actividades terroristas. Convergència i Unió sostiene que esta competencia corresponde a la Generalitat, y no al Ejecutivo central como han pactado el PP y el PSOE en una proposición de ley.

CiU ha solicitado este dictamen después de conocer la existencia de dos informes, uno del Consejo Consultivo y otro de los letrados de la Generalitat, que otorgan al Gobierno central la facultad de disolver las corporaciones locales cuyas resoluciones atenten contra los 'intereses generales' del Estado [ver EL PAÍS de ayer].

CiU ha admitido que carece de documentos jurídicos que avalen su tesis y por este motivo ha pedido al Instituto de Estudios Autonómicos un informe al respecto. Este organismo está presidido por Antoni Bayona, el candidato que propuso CiU como magistrado al Tribunal Constitucional. Bayona también dirigió el documento sobre el incremento del autogobierno del Ejecutivo de Jordi Pujol.