La ministra advierte del peligro de intervenir sobre el Teatro Romano

La ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, fue sucinta, pero dejó bien claro ayer en Valencia que no le hace ninguna gracia el anunciado derribo del Teatro Romano de Sagunto por parte de la Generalitat. Preguntada sobre la cuestión, Del Castillo manifestó que 'hay una serie de actuaciones que serían de una complicación extraordinaria poder acometerlas y por tanto, ahora mismo no se podrían acometer'.

Del Castillo añadió al respecto de esa serie de actuaciones, que no especificó, que 'realmente se podría perjudicar el teatro'. En cualquier caso, dada la complejidad de la operación sobre el monumento histórico, de titularidad estatal y gestión autonómica, se trata de una 'cuestión que hay que sopesar profundamente'.

No quiso extenderse más la ministra sobre la espinosa cuestión en la conferencia de prensa que ofreció en Valencia y que estuvo protagonizada fundamentalmente por la actualidad informativa de la huelga del sector educativo contra la Ley de Calidad. Al término de la conferencia, señaló que el ministerio no 'puede asumir ninguna reforma que implique riesgos' para la obra original del Teatro Romano.

De esta manera, Pilar del Castillo, si bien no se pronunció abiertamente, sí mostró una gran preocupación por las consecuencias de revertir la obra arquitectónica diseñada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, hasta el punto de transmitir la idea de rechazo a las obras anunciadas de derribo. De hecho, el Ministerio encargó hace unos pocos meses a un equipo encabezado por el propio Portaceli la habilitación y restauración de una de las fases de consolidación del Castillo Romano de Sagunto, de titularidad y gestión estatal.

La Real Academia de San Fernando, con sede en Madrid, se mostró contraria al proyecto de derribo por las consecuencias que podría conllevar.

La ministra no hizo ninguna mención a la actual situación judicial del caso, ni a la sentencia que declara ilegales las obras de rehabilitación y restauración de Grassi y Portaceli. Tampoco a la actuación de la Generalitat, que ha anunciado el derribo de la obra en virtud de la sentencia, al tiempo que pedía la creación de una comisión de expertos para decidir la forma de realizarla. De momento, el informe elaborado por Salvador Lara para la Consejería de Cultura dictamina que la mayor parte de la intervención es reversible, por lo que se puede derribar.

Sin embargo, el litigio sí tuvo ayer cita en la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Juan Marco Molines, letrado que defiende el derribo de las obras de rehabilitación sobre el teatro romano de Sagunto que fueron declaradas ilegales, y el servicio jurídico de la Generalitat entregaron en el último día de plazo sus respectivas propuestas de pruebas a practicar para intentar llegar a un acuerdo sobre las actuaciones oportunas.

Marco Molines propone como prueba que se interrogue a responsables de la Consejería y del Ayuntamiento de Sagunto, que se haga lo mismo con testigos de las obras que se realizaron, que se incorporen informes técnicos sobre la reversibilidad, así como las fotografías del monumento antes y después de las obras ahora ilegales. Además, solicita que se estime como prueba la práctica de una pericial por parte del Colegio de Arquitectos de Valencia para que determinen la mejor forma de hacerlo. Cultura, por su parte, insiste en proponer como pruebas una serie de informes que deberán elaborar expertos de diferentes áreas.

La sala decidirá ahora las pruebas que admite para que se practiquen. Una vez se pronuncie, tendrá 30 días para activar la realización de las mismas. En todo caso, el tribunal se reserva, como ya anunció, su propio dictamen sobre cómo ejecutar la reversibilidad de las obras, ya que así lo ha solicitado Marco Molines.