Funcionarios de la Generalitat declaran a la juez que se dio trato de favor a Pallerols

Diversos funcionarios del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña han declarado ante la juez que instruye el caso Pallerols -sobre supuesta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya (UDC)- que se cometieron irregularidades en la concesión de las subvenciones a las empresas de Fidel Pallerols y que recibió un trato de favor de la administración autonómica.

Las declaraciones de estos funcionarios se produjeron cuando la magistrada Silvia López Mejía todavía no había levantado el secreto de sumario. Para hacer posible estas comparecencias, la juez había reclamado por segunda vez al Departamento de Trabajo que le enviase las direcciones de los funcionarios encargados de los cursos, los llamados promotores de formación. En el mes de junio, la juez ya requirió a la Generalitat estos datos pero Trabajo sólo facilitó los nombres de los promotores de Barcelona y obvió los de Girona, Lleida y Tarragona. La juez ha pedido además toda la normativa que regula las subvenciones y Trabajo ya le ha remitido una extensa documentación.

La declaración judicial más contundente fue la de la testigo Juana F., funcionaria de Lleida, quien afirmó que las academias de Pallerols fueron 'el grupo que de manera más flagrante ha cometido irregularidades en cuanto a las horas impartidas' entre 1996 y 1997. En este sentido explicó que durante los fines de semana 'llevaban a los alumnos a Andorra (de asueto) y los contaban como horas de clase'. La funcionaria fue apartada de su trabajo cuando levantó un acta en la que certificaba que el centro CEI de Lleida, propiedad de Pallerols, había concluido unos cursos sin impartir todas las horas por las que se les subvencionó. La persona que le comunicó su cambio de destino fue Dolors Llorens, ex alta funcionaria de Trabajo, imputada en esta causa y actual integrante del Comité de Gobierno de UDC. El fiscal sostiene que el 10% de las subvenciones de Pallerols se dedicaron a financiar a Unió.

'Cruz y raya'

El testigo José María E. declaró a la juez que el entonces delegado de Trabajo en Lleida y actual diputado en el Congreso por CiU, Pere Grau, le dijo que 'se había hecho cruz y raya' con esta funcionaria.

Carlos César M., también funcionario en Lleida, declaró que 'se detectó un trato de favor que llegó desde Barcelona que se traducía en determinadas actuaciones que no eran generales respecto de otros centros, como el hecho de que se les dejaba iniciar cursos antes de la fecha' o con autorizaciones que llegaban por fax y firmadas por Llorens. La también funcionaria Juliana R., declaró que en una ocasión se cedió la cesión de un curso de una academia a otra, en contra de lo que indica la normativa, y se hizo en Barcelona, en vez de en Lleida, como estaba previsto.