Los jueces de Bilbao respaldan a Alonso frente a los que buscan su 'descrédito profesional'

La Junta de Jueces de Bilbao respaldó ayer por unanimidad la labor de la juez de vigilancia penitenciaria Ruth Alonso. Sobre la juez ha caído un aluvión de críticas por poner en libertad a etarras con delitos de sangre pese a contar con informes técnicos favorables. Una treintena de jueces de todos los órganos jurisdiccionales acusaron a 'determinados medios de comunicación' de generar el 'descrédito profesional' de la juez. Alonso concedió el régimen de semilibertad a 31 presos de ETA, con y sin delitos de sangre, entre 1992 y 1996, con informes favorables del fiscal salvo en un caso. Entre 1992 y 1997, el fiscal sólo recurrió dos de las 40 excarcelaciones ordenadas por la juez.

La Junta de Jueces de Bilbao, órgano que agrupa a 47 titulares de órganos unipersonales, presidido por el juez decano de la capital de Vizcaya, Alfonso González Guija, salió ayer en defensa de Ruth Alonso. Los 30 miembros presentes (dos con voto delegado) criticaron por unanimidad la 'divulgación' y 'omisión' de determinados datos relativos al trabajo de la juez con el objetivo de ocasionarle 'descrédito profesional ante buena parte de la opinión pública'.

En su acuerdo, de cuatro puntos, los jueces destinados en Bilbao censuraron también la divulgación de datos que 'afectan a la vida privada de la juez'. El acuerdo fue hecho público por el decano de Bilbao, Alfonso González Guija, que había convocado la reunión de ayer.

Los jueces, sin embargo, pasaron de puntillas por las críticas vertidas contra Alonso desde el Gobierno y por las diligencias informativa abiertas a la juez por la Inspección del Poder Judicial a iniciativa de su presidente, Francisco José Hernando. El juez decano simplemente dijo, a título personal, que Hernando ha actuado 'en el ámbito de sus competencias' al haber tomado la decisión de excarcelar a Félix Ramón Gil Ostoaga, condenado a 298 años de prisión por seis asesinatos, tras cumplir 13 años en cárceles españolas y francesas.

No fueron los únicos que salieron ayer en defensa de Ruth Alonso. Diferentes asociaciones que trabajan con presos en las tres cárceles vascas y grupos diocesanos manifestaron su apoyo a la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, pidió en declaraciones a Antena 3 Televisión que no se 'prejuzgue' la actuación de la juez

Camino de Santiago

Concentrada en sus actividades habituales, Ruth Alonso acudió ayer, junto a 11 presos comunes y otros tantos funcionarios de la prisión de Nanclares de la Oca (Álava), y miembros del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, a recorrer un tramo del Camino de Santiago, una experiencia en favor de la 'resocialización' de los internos que se prolongará hasta el próximo viernes.

La juez de vigilancia penitenciaria, que lleva escolta desde que su nombre fue encontrado en los papeles del comando Vizcaya desarticulado en 1994, ha concedido entre 1992 y lo que llevamos de año el régimen de semilibertad o la libertad condicional a un total de 87 presos de ETA.

Desde el principio, los casos fueron especialmente sonados y polémicos. Unos por las muestras de arrepentimiento de los etarras -como en el caso de Isidro Etxabe y Juan Antonio Urrutia, en octubre de 1992- y otros por la condición de candidato a lehendakari por Herri Batasuna -como Guillermo Arbeloa- o el caso del ex ertzaina José Miguel Sueskun o de José Miguel Latasa Guetaria.

Sus resoluciones de semilibertad también coincidieron con la experiencia en materia de reinserción impulsada por los dos últimos Gobiernos socialistas (1993 y 1994), con la cobertura política del PNV.

La experiencia acabó con una crisis sin precedentes en el Pacto de Madrid y en el de Ajuria Enea en el verano de 1994, uno meses antes de las elecciones autonómicas vascas. Fue una de las bazas utilizada por el PP para debilitar al último gabinete que presidió Felipe González.

En esos años, y hasta 1996, la fiscalía vasca nunca recurrió los terceros grados de Ruth Alonso, según datos oficiales recabados por este periódico. Fue con el primer Gobierno de José María Aznar cuando los diferentes fiscales comienzan a presentar informes desfavorables a las excarcelaciones y, posteriormente, recursos antes las Audiencia provinciales vascas.

De los 16 casos recurridos por la fiscalía desde 1997 hasta 2001, las Audiencias vascas dieron la razón a la juez en 11. Y en lo que va de año, de las 11 excarcelaciones decididas, cuatro son ya firmes porque no ha habido recurso del fiscal y otras 11 están pendientes de la decisión de las Audiencias.

Por su parte, Jueces para la Democracia expresó ayer su solidaridad con la juez Alonso ante la 'furibunda campaña desatada' contra ella, y tras explicar que liberar a un preso mediando informes favorables de resocialización es una decisión con amparo legal. La asociación criticó, en cambio, la decisión del presidente del Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando de 'activar' el Servicio de Inspección, 'absolutamente desacertada, por inoportuna', así como el anuncio de que se creará un juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.

La Asociación Profesional de la Magistratura, por su parte, consideró 'acertada' la creación de dicho juzgado.

La fiscalía presentará hoy recurso contra la decisión de la juez de conceder la excarcelación a otro miembro de ETA, José Ramón Basauri Pujana.