Una fiscal dejó Euskadi, coaccionada tras recurrir cinco excarcelaciones de la juez Ruth Alonso

La anterior fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Euskadi Mercedes Bujanda tuvo que abandonar Euskadi tras sufrir una intensa campaña de acoso de grupos ligados a los presos de ETA. Las coacciones, que incluían manifestaciones ante su casa de Bilbao, se debían a que en pocos meses recurrió la concesión de al menos cinco libertades condicionales de reclusos de ETA ordenadas por la juez Ruth Alonso. Ésta se halla ahora en el centro de una polémica política y jurídica por haber dado la libertad condicional al etarra Ramón Gil Ostoaga tras cumplir 13 de los 298 años de condena.

Mercedes Bujanda Bujanda, con 14 años de ejercicio en el ministerio público, abandonó el País Vasco en 1999, cuando estaba en vigor el alto el fuego de ETA. La fiscal había recurrido en los dos primeros meses de ese año la puesta en libertad condicional de cinco condenados por terrorismo o violencia callejera que habían cumplido las tres cuartas partes de su condena.

Las cinco excarcelaciones habían sido decididas por la juez Ruth Alonso, siguiendo un procedimiento casi calcado del que acaba de aplicar con los etarras José Ramón Basauri Pujana y Félix Ramón Gil Ostoaga, ambos con delitos de sangre. Pero a diferencia de estas dos, aquellas liberaciones se produjeron durante la tregua y poco antes de que el Gobierno trasladara a prisiones del País Vasco, o próximas, a un grupo de 135 etarras, como gesto de buena voluntad hacia la banda. Dicho grupo, en el que estaba Ostoaga, era supuestamente proclive a disentir de la disciplina del colectivo de presos de la organización terrorista.

La propia Alonso admite que desde hace tres años han aumentado los recursos contra sus decisiones favorables a presos de ETA. Los últimos han sido redactados por el fiscal de Vigilancia Alejandro Torán, también amenazado por ETA y quien ya estaba en el cargo en el momento en que Bujanda se fue de Euskadi con su familia. Torán, al contrario que Bujanda, disponía en 1999 de escolta, de seguridad privada.

La fiscal Bujanda, que inicialmente se trasladó a Baleares, llevaba meses denunciando las amenazas. La gota que agotó su entereza fue una protesta pública organizada por grupos proetarras ante la puerta de su domicilio en Bilbao, el 9 de febrero de 1999. Fue entonces cuando tomó la decisión de abandonar Euskadi.

Quejas sobre la seguridad

La Fiscalía General del Estado se enzarzó en una polémica con la Consejería vasca de Interior alegando que, pese a que había solicitado 'en reiteradas ocasiones' protección a las autoridades competentes, no había obtenido 'la respuesta deseada'. La Consejería que dirige Javier Balza replicó que en enero sus técnicos se habían reunido dos veces con la fiscal para explicarle el sistema de protección y tranquilizarla porque su integridad 'estaba garantizada'.

Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, sigue considerando 'insuficientes' las medidas que hoy se aplican, 'por cuanto se ha asignado a una sola persona para garantizar la seguridad personal de cada miembro de la carrera fiscal o judicial, y además sin ningún medio para que tal cometido pueda realizarse con las mínimas condiciones', según escribió en la memoria de 2001, elaborada durante este año y presentada el pasado septiembre. 'Hasta el momento de redactar esta memoria', decía, 'nada de ello [coches blindados o inhibidores de frecuencia] se ha conseguido, por lo que debemos expresar nuestro pesar, al considerar que las medidas adoptadas no son ni siquiera las mínimas necesarias'.

La reacción del Gobierno contra las decisiones de la juez Alonso motivó ayer protestas del PSOE y de IU. El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, aseguró que no comparte la decisión de Alonso y que está de acuerdo con que la vigilancia penitenciaria de etarras se lleve en la Audiencia Nacional, pero pidió respeto para el trabajo de la juez. 'Lo que no se puede hacer es echar a nadie a la hoguera', dijo. Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, pidió al Gobierno que no actúe 'como un niño mimado que cuando va perdiendo el partido decide cambiar las reglas'. IU ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, José María Michavila, para que expliquen el 'acoso político' al que ha sido sometida Ruth Alonso 'vulnerando la indispensable separación de poderes'.