Seguros más transparentes

Carme Benet, que vive en la localidad leridana de Son del Pi, lleva dos años intentando averiguar si su ex marido, que falleció en el verano de 2000, suscribió antes de morir un seguro de vida a nombre de alguno de sus tres hijos. El 'calvario', como ella lo define, todavía no ha terminado. Y aunque le está costando 'sudor y lágrimas', no pierde la esperanza.

El esfuerzo de Benet puede resolverse en breve si el Gobierno, tal como le ha instado el Senado esta semana, impulsa la creación de un registro de seguros de vida al que puedan acceder los ciudadanos para saber si son beneficiarios de alguna póliza de vida. Actualmente, la ley no obliga a las compañías aseguradoras a comunicar la existencia de esas pólizas a los beneficiarios cuando el titular ha fallecido. Así las cosas, puede que no lleguen a percibir el capital asegurado por el tomador.

El tema no es baladí. Los españoles destinan 1.815 millones de euros a la cobertura de seguros por fallecimiento, según datos de la patronal de compañías aseguradoras, Unespa. La mayor parte de las pólizas suscritas -seis de cada 10- tienen cobertura por fallecimiento. En estos casos, los titulares del seguro suelen nombrar como beneficiarios a los familiares más próximos, como la pareja o los hijos, que normalmente saben que se ha suscrito esa póliza y que raramente tendrán problemas para percibir la prestación correspondiente.

Cinco años para reclamar

Pero otras veces sólo el tomador del seguro conoce su existencia. Y en ocasiones se designa como beneficiaria a una persona que nadie imagina -la nieta, un amigo... En estas circunstancias, los beneficiarios quedan en manos de las compañías aseguradoras, que pueden avisarles y desembolsarles el capital asegurado. Pero si no es así y no lo descubren en un plazo máximo de cinco años, perderán el derecho a reclamar esa cantidad.

Y en éstas se encuentra Carme. Intuye y sospecha que su ex marido Jaume, del que ya estaba divorciada cuando murió, suscribió algún seguro a nombre de sus hijos, pero asegura que la actual esposa del fallecido se ha negado en rotundo a facilitarle información. No ha tenido otro remedio que recorrer bancos y compañías aseguradoras -'una por una', enfatiza- con el objetivo de aclarar sus sospechas. Por ello, a esta mujer la idea de crear un registro de seguros de vida se le aparece como el fin del 'calvario' que, además, podría ahorrar este mal trago a las personas que puedan encontrarse en una situación similar, añade.

La creación de este registro ha sido impulsada por los socialistas catalanes, que han abierto distintos frentes para que su propuesta llegara a buen puerto, aunque la última palabra la tiene el Gobierno. El diputado del PSC-CpC Àlex Masllorens presentó una proposición no de ley en el Parlamento catalán que todos los grupos aprobaron por unanimidad y que insta al Ejecutivo catalán a proponer al Gobierno español la creación de este registro de seguros de vida.

Paralelamente, la iniciativa llegó al Congreso de los Diputados -CiU y PP abortaron la propuesta con sus votos en contra- y también al Senado, el pasado martes, donde la resistencia desapareció y todos los grupos se mostraron partidarios de la moción presentada por el diputado socialista Ramon Espasa, de Entesa Catalana de Progrés -que agrupa al PSC-CpC, ERC e ICV-, que también persigue la creación de este registro.

El Senado aprobó finalmente una nueva versión de la iniciativa con el matiz introducido por el Partido Popular y que insta al Gobierno a estudiar, en el plazo de seis meses, la viabilidad de este registro.

Conjugar derechos

El principal obstáculo que objetan el Gobierno y la patronal de las aseguradoras para llevar adelante la creación de este instrumento -aunque no se oponen tajantemente a la propuesta- radica en conjugar el derecho a la información de los beneficiarios y el derecho a la intimidad de los titulares.

El registro, que sería informatizado, contendría los datos del titular y de los beneficiarios del seguro, además de la cantidad de dinero depositada. Los socialistas proponen que los datos deberían ser accesibles a las personas que pudieran ostentar un 'interés legítimo' en conocer sus posibles derechos como beneficiarios de seguros de vida, tras el fallecimiento del titular de esa póliza.

Los expertos consultados creen que es factible salvar esos obstáculos. El profesor de Derecho Mercantil de ESADE Miguel Trias considera que es posible garantizar el derecho a la información de los beneficiarios sin atentar contra la privacidad de los titulares. Trias alude a un precedente análogo y que suscita el mismo dilema, el Registro de Últimas Voluntades, para dar luz verde a la iniciativa socialista. En todo caso, el Ejecutivo dirá. Tiene de plazo hasta abril del año que viene.