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El uso de la residencia Noreña abre una crisis en el pacto entre Izquierda Unida y PSOE en Córdoba

El concejal de Presidencia acusa a Mellado de 'desleal' y de anteponer sus intereses

El uso de la residencia Noreña de Córdoba, un hospital en desuso desde 1984, ha abierto una brecha en el pacto que mantienen Izquierda Unida y PSOE en el gobierno municipal de Córdoba. La Gerencia de Urbanismo, presidida por José Mellado (PSOE), ha acordado con Salud la demolición de este edificio y la construcción de un centro sanitario del que se beneficiarían unos 40.000 vecinos. El acuerdo de Urbanismo se ha hecho sin contar con que la alcaldesa Rosa Aguilar (IU) ya había llegado a un compromiso previo para convertirlo en Palacio de Justicia.

El trato de Urbanismo con la consejería de Salud establece que la Gerencia se hará cargo de derruir el edificio (previsiblemente, antes de fin de año) para que la Junta levante el nuevo centro de salud, que debe dar servicio a una población de 40.000 vecinos del área noroeste de la ciudad, en plena expansión demográfica. A la vez, Urbanismo ofrece a la Junta tres localizaciones alternativas para la llamada Ciudad de la Justicia, todas en las afueras de Córdoba: en Turruñuelos, en el campus de Ciencias de la Salud o bien en el Cordel de Écija.

El uso del inmueble, propiedad de la secretaría de Estado de la Seguridad Social, fue transferido a la Junta junto con las competencias en materia de Salud. Esto quiere decir que la administración autonómica puede disponer de él libremente siempre que lo destine a un fin sanitario. Precisamente por esto, Rosa Aguilar había tenido que negociar con la Seguridad Social el cambio de uso de la residencia, si es que iba a convertirse en un equipamiento judicial.

El plan de construir un centro de salud sobre los terrenos de Noreña elude, pues, toda necesidad de discutir con la Administración central. Sin embargo, obliga al Ayuntamiento a asumir los gastos de urbanización de los alrededores del nuevo edificio, algo que, si hubiese prosperado el acuerdo inicial, habría corrido a cargo de las arcas de la Junta.

Andrés Ocaña, teniente de alcalde de Presidencia y coordinador provincial de IU, recordó que fue precisamente la consejera de Justicia, Carmen Hermosín, quien sugirió que la residencia se utilizase como equipamiento judicial. Ocaña rescató del archivo un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Córdoba en el que, a propuesta del PSOE, se pedía a la Seguridad Social que aceptase el cambio de uso del edificio y mantuviese la cesión de Noreña a la Junta, de modo que se pudiese hacer realidad lo antes posible el proyecto de la Ciudad de la Justicia.

El teniente de alcalde de Presidencia tachó a Mellado de desleal y de poco respetuoso con el conjunto del gobierno municipal; le acusó de 'anteponer su carrera política al beneficio de la ciudad'. Ocaña aseguró no haberse planteado la posibilidad de romper el pacto antes de las próximas elecciones. Hasta ahora, afirmó su coordinador provincial, la coalición de izquierdas ha mantenido silencio cuando se han producido diferencias en el seno del pacto, 'pero no vamos a callarnos nunca más'.

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El antiguo hospital se encuentra muy degradado, después de casi dos décadas de abandono. La construcción del nuevo centro de salud costará a la Junta cerca de 1,8 millones de euros. Salud no descarta incorporar a su alrededor nuevas instalaciones sanitarias si el crecimiento de la población así lo exige.

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