'Me siento acosada por el Gobierno y lo único que pido es que me dejen trabajar en paz'

Ruth Alonso (Bilbao, 1962), lleva 12 de los 14 años de su carrera como juez al frente de Vigilancia Penintenciaria de Bilbao. Dice que ha recibido un montón de llamadas de apoyo, incluida la del ex responsable de Instituciones Penitenciarias Antoni Asunción, con el que conoció la experiencia de la reinserción de etarras en la última etapa socialista.

Pregunta. ¿Tiene la sensación de revivir algo que ya pasó en los 90?

Respuesta. Lo de ahora es peor. Entonces, cuando se aplicaba la política de reinserción, no hubo acoso y derribo, ni insultos.

P. El Poder Judicial le abre unas informaciones previas la misma semana que ha archivado una denuncia contra usted del actual fiscal general del Estado por permitir a un etarra viajar a México.

'Igual creen que con un juzgado central van a controlar mejor la libertad de etarras'

'¿Lo de Ostoaga es justo humanamente? Pues no. Legalmente es impecable'

R. No es un caso similar al de Ostoaga; aquél sí era un expediente disciplinario. Además, el etarra no era la primera vez que viajaba a México y estuvo controlado semanalmente ante la embajada.

P. Se lo preguntaba más por si tiene la sensación de estar perseguida.

R. Acosada, me siento acosada por el Gobierno; sólo pido que me dejen hacer mi trabajo en paz. ¿Por qué me acosan ahora, cuando mi trayectoria no ha cambiado en los 12 años que llevo en este juzgado? ¿Por qué ahora, si en verano excarcelamos a otros cuatro? Por cierto, no lo hice yo, que estaba de vacaciones.

P. ¿Por qué cíclicamente los tratamientos penitenciarios saltan al debate político?

R. No lo sé, pero me imagino que los políticos lo utilizan por motivos partidistas.

P. ¿La polémica por el caso del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, condenado a casi 300 años de cárcel, esconde algo?

R. Me da la sensación de que [se pretende] crear un juzgado central de vigilancia penitenciaria. Ya se intentó hace dos años. ¿Por qué se filtra ahora la noticia cuando lleva tres semanas en la calle? Cuando este año hemos sacado hasta ocho personas en libertad condicional de las mismas características, y el año pasado y el anterior. Ningún año hemos dejado de aplicar la ley.

P. Tal vez para crear ese juzgado central, aunque Rajoy lo niegue. De hecho, ha recordado que es una idea ya estudiada en el Pacto de la Justicia.

R. Estoy persuadida de que antes de fin de año estará en marcha el juzgado.

P. ¿Con qué finalidad?

R. Igual piensan que desde un juzgado central van a poder controlar mejor el tratamiento penitenciario a estos presos. Pues se encontrarán con la profesionalidad de los técnicos de las prisiones. Con la diferencia de que no podrán conocer a los internos con la misma cercanía con la que ahora les tratamos. Nuestra labor es trabajar con los familiares, con las asociaciones que trabajan con ellos, con los equipos técnicos de las prisiones y los propios internos cuando vamos a prisión.

P. ¿Va muchas veces a las cárceles vascas?

R. Todas las semanas, dos o tres días. Hablamos mucho con ellos. ¿Quién conoce mejor al interno?: el psicólogo, el trabajador social, el subdirector de Tratamiento... y nosotros. ¿Cómo lo van a hacer desde un juzgado central? No se puede.

P. ¿Cree que esta polémica traslada la idea de que no se confía en los jueces vascos?

R. Aquí no trabajamos con miedo, pese a que llevo dos escoltas desde noviembre de 1994, cuando aparecí por primera vez en los papeles del comando Vizcaya. Pero no por no conceder los terceros grados, sino por concederlos. ETA me señalaba como objetivo por formar parte del aparato represor del Estado que potenciaba las reinserciones. Desde 1992 hemos seguido igual, con terceros grados para estos internos. ¿Alarma social? La que quieran dar los medios.

P. Rajoy dice que la mayoría de sus decisiones han sido revocadas por las Audiencias vascas.

R. Rajoy no dice la verdad. De los más de 60 grados y libertades condicionales concedidos desde 1992, el fiscal sólo ha recurrido a partir de 1998, obviando los más de 40 anteriores. De los 16 recursos resueltos, la Audiencia vizcaína ha revocado seis; la de Guipúzcoa, uno. Álava, ninguno.

P. ¿Es un aval a la política que llevan en su juzgado?

R. Nosotros no hacemos política, resolvemos situaciones carcelarias.

P. Parece difícil trabajar sometida a la presión de los que le acusan de filoterrorista y de los que le quieren asesinar.

R. Es muy injusto. Muchas veces cuando hablas con los etarras te argumentan que defienden la independencia, que mantienen su ideología abertzale, pero que han renunciado a la lucha armada. Y nos dicen: 'Ahora es labor nuestra, cuando salgamos de aquí, hacer ver a la gente que la lucha armada no funciona'. Y yo les contesto: 'Por vuestra culpa tengo que llevar escolta'. ¡Qué paradoja! Se quedan helados.

P. Tendrá que admitir que a los familiares de los seis asesinados por Ostoaga, su decisión debe haberles revuelto por dentro.

R. El Código Penal viejo dice que Ostoaga estaba condenado a 30 años, no a 300. Y además preveía la obtención de redención ordinaria y extraordinaria. Ha cumplido de manera efectiva 13, pero si hubiera seguido en prisión habría cumplido sólo algo más de dos años. ¿Que no nos gusta porque es injusto y pagan lo mismo por una muerte que por seis?, que cambien las leyes: desde el artículo 25 de la Constitución hasta el resto. Ostoaga cumplía todos los requisitos: tres cuartas partes de la condena, buena conducta y pronóstico de reincidencia bajo. ¿Es justo humanamente? Pues no. Legalmente es impecable. Cuando llegué a este juzgado leía todas las sentencias, ya no. Si leyese las sentencias de violadores, de asesinos, no daría terceros grados. La Constitución y la legislación penitenciaria habla de una finalidad de reinserción, que es la que debe primar.

P. Pero sorprende la conversión del etarra en poco más de dos meses, según los informes.

R. La conversión no se ha producido en ese intervalo, le conozco desde hace tres años. En este juzgado sólo consta el informe de agosto, el de la evolución positiva. Y lo que hicimos fue pedir más informes a los técnicos de la prisión.

P. ¿Podría explicar esto a los familiares de las seis personas que asesinó Gil Ostoaga mirándoles a la cara?

R. Sí, aunque no tengo por qué hacerlo. ¿O es que la gente se cree que cuando yo veo un atentado me alegra sacar a un etarra? Es durísimo, pero esa masacre la comete el que está fuera, no el que me pide la libertad condicional, y además sé que no está de acuerdo con esos atentados. Yo debo de ser objetiva. Y en mi familia hay una persona que ha sido víctima de ETA. Ninguno de los etarras en libertad condicional que han pasado por el juzgado ha reincidido, ninguno. Eso denota que han cambiado. ¿Qué sentido tiene entonces que siga cumpliendo la pena en prisión?

P. ¿La política penitenciaria debe ser un instrumento de la lucha contra ETA?

R. No sé si funcionó. Hay muchos presos que quieren desmarcarse más y no pueden; el ambiente en el que están es muy complicado; las familias están enraizadas en sitios difíciles. Y hay presos del sector duro a los que no sacamos. La ley no exige a ningún preso que pida perdón públicamente a su víctima. Todos los etarras tienen derecho a una segunda oportunidad y la obligación de pagar por su culpas.