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CPV usó a una financiera sin registrar para 'asegurar' el dinero de sus clientes

Ruiz-Gallardón anuncia una investigación para depurar posibles responsabilidades

La promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) vulneró supuestamente la ley al usar como avalista del dinero entregado a cuenta por sus 1.200 clientes a una empresa extranjera (Europa Cauzione), que ni funciona como aseguradora ni está registrada ni autorizada en España para realizar tal cometido. Decenas de afectados del caso CPV se encerraron ayer en la sede de esta empresa, en la calle de Orense, para exigir la devolución del dinero que anticiparon a cambio de la promesa de casas en los nuevos barrios de Las Tablas, Montercarmelo y Sanchinarro.

CPV está siendo investigada por varios jueces por haber captado en 1998 a 1.200 familias bajo la promesa de hacerles casas baratas en los citados barrios. CPV les pidió dinero por adelantado y ahora, cuatro años después, admite que no dispone de terreno para levantar las viviendas. De momento, CPV ha devuelto las señales entregadas entonces -una media de 18.000 euros- a 940 familias. En algunos casos con pagarés sin fondos.

Una de las infracciones cometidas por CPV fue vulnerar la ley que obliga a las promotoras de casas a garantizar mediante aval bancario o una póliza de seguros las cantidades que adelantan los compradores de viviendas mientras éstas se construyen. Cuando los clientes comenzaron a ponerse nerviosos porque veían que pasaban los años y que no se ponía ni un sólo ladrillo, CPV quiso tranquilizarles diciéndoles que las señales entregadas no corrían peligro. CPV les aseguró por escrito que había firmado un contrato de aval con 'la compañía de seguros Europa Cauzione', por importe de 30.050.605,22 euros (unos 5.000 millones de pesetas), que garantizaba la devolución del dinero dado a cuenta. 'De esta forma', comunicó CPV a sus clientes el 25 de septiembre de 2001, 'cumplimos rigurosamente con lo establecido en la Ley 27/1968, que establece que tanto gestores como promotores se obligan a garantizar las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda mediante póliza de seguiros o entidad financiera [un banco o caja]'. No era cierto, Europa Cauzione no es ni una compañía de seguros ni un banco.

El Ministerio de Economía certificó el pasado 23 de julio, a instancia de uno de los afectados por el escándalo de CPV, que la firma Europa Cauzione, con domicilio social en Roma, 'no se encuentra habilitada [en España] para el ejercicio de la actividad aseguradora ni en régimen de libre prestación de servicios, ni en derecho de establecimiento en España'. Además, según Economía, esta firma tampoco 'está autorizada en su país [Italia] para el ejercicio de la actividad aseguradora ni, por tanto, sometida a su control'.

'Dicha entidad', refiere el citado informe de Economía, 'parece estar inscrita en Italia como intermediaria financiera'. Economía apostilla en su informe respecto a la citada entidad: 'Al no estar sometida al control de este centro directivo ni al de la autoridad supervisora italiana, no se puede informar sobre la solvencia de dicha entidad'.

La ley supuestamente vulnerada data de 1968 y, además, obliga a consignar en una cuenta bancaria especial el dinero que los usuarios entregan como señal para la compra de una vivienda. Este periódico intentó ayer, sin éxito, dilogar sobre este asunto con los responsables de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). 'Incumplir esta ley, antes era un delito; ahora es una infracción; eso sí, una infracción que puede ser utilizada como un indicio de que se ha podido cometer un ilícito penal', explicaron ayer fuentes jurídicas.

Investigación

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que su departamento ha recibido ya la primera denuncia de los afectados del caso CPV y que abrirá una investigación para depurar las responsabilidades administrativas o penales oportunas.

A través de la Dirección General de Consumo, la Comunidad investigará a CPV para determinar si su actividad en los nuevos barrios constituyó 'una irregularidad administrativa o un delito'. El presidente Ruiz-Gallardón, que no quiso 'hacer juicios previos' sobre esta cuestión, indicó que la Dirección General de Consumo procederá a 'la sanción correspondiente' si los hechos 'pudieran ser constitutivos de irregularidad administrativa', y trasladará el caso a la Fiscalía de Madrid si existe 'infracción penal'. El anuncio de Ruiz-Gallardón se produce un día después de que el PSOE de Madrid, por boca de su secretario general, Rafael Simancas, criticase la inhibición inicial del Gobierno regional en este escándalo y le instase a abrir una investigación de oficio.

Las familias afectadas por el caso CPV son en total 1.200. Casi 200 han anunciado o producido ya acciones legales contra esta esta promotora. Seis de las 1.200 familias han presentado una querella por estafa en los juzgados de la plaza de Castilla y otras 30 han interpuesto una demanda civil. Además, aproximadamente otras 160 familias están buscando un abogado conjunto para acudir a los tribunales. Su objetivo es reclamar por la vía judicial la devolución del dinero que entregaron a cuenta y exigir daños y perjuicios por el incumplimiento unilateral del contrato mediante el que CPV se obligaba a levantar las casas en los citados barrios por precios que entonces eran asequibles y que hoy casi se han triplicado.

El director de CPV, Francisco García Sánchez, reconoció anteayer, tras saltar a la luz pública este escándalo, que su empresa vendió los terrenos que llegó a tener en los citados barrios. También anunció su propósito de comprar ahora otro solar para edificar viviendas destinadas a los clientes a los que aún no ha podido devolver la señal. De momento, ha devuelto el dinero a unas 950 familias, que han soportado auténticos suplicios para recuperarlo. A algunos clientes les ha dado pagarés a 60 días sin fondos.

Parte de las 940 familias que han logrado recuperar el dinero también anuncian acciones legales contra CPV. 'Han manejado nuestros ahorros durante cuatro años y ahora nos devuelven el dinero, sin intereses ni nada, y nos dicen que no harán las casas', explicaron varios de ellos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de octubre de 2002