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La policía desaloja a unas 30 personas de la sede de la CPV

Más de 10 horas casi sin comer ni beber, sin ir al cuarto de baño, sin ver a sus hijos y sin ir al trabajo. Decenas de personas pasaron ayer todo el día en los despachos de la CPV, en la calle de Orense, para pedir una explicación a su director, Francisco García. Pero se fueron con las manos vacías tras ser desalojados por la policía. García no dio la cara, mientras los cinco trabajadores de la empresa permanecían encerrados en un despacho.

Antes de las 11.00, unas 10 personas esperaban dentro de la sede de la CPV para exigir un cheque. Hasta ahora, los afectados que han pedido la devolución del dinero entregado a cuenta sólo han recibido un pagaré. Como si hubieran recibido un cheque en blanco: no tenía fondos. Otros deberían haber tenido las llaves de sus pisos el año pasado. Un policía nacional permanecía en el interior del local para 'velar por la seguridad'. Un rato después, los 10 perjudicados pasaron a ser 30. Y de 1 policía, a 10. Los empleados quisieron cerrar la sede a las cinco de la tarde y echar a todos, pero lo único que cerraron fue su propio despacho con ellos dentro. Estaban asustados, a pesar de que los afectados se mostraron pacíficos -a la vez que nerviosos- en todo momento. 'Hemos comprado tres pisos en Sanchinarro: uno yo y, los otros, mis dos hijos. Yo los animé a comprar. Les dije: 'Ahorrad un poco y lo compráis, que es muy barato'. María Luisa Olivar se lamentaba ayer de la mala suerte. A su espalda, unos recortes de una revista colgados en las paredes parecían reírse de ella: 'Joven grupo gestor promotor de viviendas se abre paso en la zona norte de Madrid'. 'El desarrollo empresarial de CPV ha generado un volumen de negocio traducible en 23.500 millones de pesetas que se materializarán en la entrega de 1.467 viviendas hasta finales de 2002'.

La policía no dejó entrar a nadie por la tarde. El que salía a comer, beber u orinar, ya no podía volver a entrar. Dentro llegó a haber cerca de 60 personas. A las puertas del número 36 de la calle de Orense, unas 20. Dos mujeres embarazadas se quejaban porque no podían ir al cuarto de baño. En una lista quedaron apuntadas más de 100 personas de distintas fases de distintos PAU con distintas circunstancias familiares y una misma pregunta entre los labios: '¿Dónde está nuestro dinero?'. A las ocho de la tarde, la Delegación del Gobierno ordenó el desalojo de las oficinas. Al final los afectados salieron pacíficamente, pero obligados por 15 policías nacionales. Después de tantas horas esperando respuestas salieron a la calle sin obtenerlas, mirándose los unos a los otros sin saber qué decir, y sólo se les ocurrían dos palabras: '¡Qué impotencia!'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de octubre de 2002