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El concejal de Urbanismo remite a los afectados a los tribunales

El segundo teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Ignacio del Río, rechazó ayer, en relación al caso de la empresa CPV, que ha vendido pisos a 1.200 familias sin tener terreno para ellos, que en el desarrollo de los nuevos barrios se estén produciendo irregularidades. Tanto Del Río como el alcalde, José María Álvarez del Manzano, rechazaron que el Ayuntamiento pueda actuar de oficio en el contencioso abierto entre las familias afectadas por la presunta estafa de CPV. Los dos responsables municipales aseguraron que se trata de una 'negociación entre privados, donde no participa la administración'. 'Es como si yo le vendo a usted un coche que no es mío. Es un acuerdo entre dos privados en el que no ha intervenido para nada la administración', ilustró Del Río.

El Ayuntamiento 'no puede intervenir de oficio en este caso, porque no tiene un registro legal específico para hacer eso', indicó por su parte Álvarez del Manzano. El regidor aconsejó a los afectados que 'denuncien los hechos en los tribunales, como ocurre en cualquier otro trámite entre privados en donde exista alguien que no cumple con el pacto'. El alcalde recordó que cuando empezaron a surgir las primeras críticas por la actuación de las inmobiliarias que cobran dinero por adelantado, el Ayuntamiento recomendó a los interesados en comprar un piso que se informaran antes de entregar dinero a cuenta. 'Que pregunten en la Gerencia Municipal de Urbanismo, en las Juntas de Compensación y en el Registro de la Propiedad, cuya consulta cuesta sólo tres euros, para comprobar que la empresa tiene efectivamente suelo para levantar viviendas. No entiendo cómo la gente se mete en la compra de un piso sin informarse primero', explicaba Del Río.

Buen sistema

El titular de Urbanismo defendió el sistema de gestión de los nuevos barrios mediante el sistema de Junta de Compensación (las empresas inmobiliarias propietarias de los terrenos se encargan del desarrollo del barrio sin control de las administraciones). 'El sistema funciona y es mejor que el modelo de Consorcio que propone la Comunidad, aunque ninguno habría evitado la estafa, ya que estamos en un régimen de economía libre', concluyó Del Río. Según éste, la Gerencia de Urbanismo ha dado luz verde a la construcción de 14.000 viviendas en los PAU (nuevos barrios).

La portavoz de IU, Inés Sabanés, reclamó que el Ayuntamiento 'abra un proceso de información, investigación y soporte a las reclamaciones de los afectados' y consideró que las administraciones municipal y autonómica 'tienen que intervenir en el caso y ponerse del lado de los afectados'. Rafael Simancas, portavoz socialista en el Ayuntamiento, solicitó que en los nuevos barrios se abran oficinas de información para que los vecinos pueden recibir datos y reclamar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de octubre de 2002