Un imputado en el 'caso funeraria' lanza una OPA sobre Funespaña

José Ignacio Rodrigo, ex presidente de Funespaña, adjudicataria del 49% de la empresa de servicios funerarios de Madrid, presentó ayer una oferta pública de adquisición (OPA) por el 10% del capital de Funespaña para convertirse en socio mayoritario. La CNMV suspendió ayer la cotización. Rodrigo es uno de los procesados por el Tribunal Superior de Justicia por irregularidades en la venta de la funeraria municipal.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha afectado a la cotización de Funespaña, según manifiesta José Ignacio Rodrigo en su escrito a la CNMV. Esa empresa fue la adjudicataria hace 10 años del 49% de las acciones de la Empresa Mixta Funeraria del Ayuntamiento de Madrid en un proceso plagado de irregularidades, según el escrito de conclusiones del fiscal anticorrupción: el gobierno municipal, para el que José Ignacio Rodrigo trabajaba como asesor, otorgó a Funespaña las acciones y el contrato de gestión por un precio muy inferior al valor real de la funeraria municipal tras falsear las cuentas de resultados de la compañía.

Por esas presuntas irregularidades tres cargos públicos del PP, dos concejales y un diputado regional, se enfrentan a penas de seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros delitos. Además, el juez fija una fianza de nueve millones de euros, solidariamente entre los tres cargos del PP y los responsables de Funespaña, José Ignacio Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia Gerada. Pero esa fianza se amplía a estos tres últimos hasta un total de 13 millones de euros para responder a los posibles daños que hayan sufrido las arcas municipales. Además, si al finalizar el juicio prosperan las peticiones del fiscal, Funespaña tendrá que devolver las acciones y las ganancias obtenidas desde 1992, año de la privatización.

Evitar la quiebra

En este contexto los grupos de la oposición, PSOE e IU, llevaron ayer al pleno municipal una proposición conjunta para que el Ayuntamiento suspenda cautelarmente el contrato de gestión que tiene con Funespaña. Pero el debate quedó condicionado por la OPA presentada ayer mismo por Juan Ignacio Rodrigo, a través de la empresa Infavi, para comprar el 10% de las acciones de Funespaña. Rodrigo ha sido, según el juez y el fiscal, el 'máximo beneficiario' de la venta de la empresa municipal. Infavi, propiedad de Rodrigo, posee ya el 26,77% de Funespaña. La compra de otro 10% de acciones convertirá a Rodrigo en socio mayoritario, según la edil socialista Ruth Porta. Ayer la acciones de esa empresa cotizaban a 4,17 euros, el ex presidente de la compañía ofrece 4,5 euros por acción, lo que supone una prima del 7,91%.

Ruth Porta, portavoz socialista, afirmó que la actuación de Rodrigo responde a un intento de evitar la quiebra de Funespaña. 'Los últimos seis meses las acciones de Funespaña han bajado en picado y el propio Rodrigo se ha visto obligado a tener que responder para mantener la sociedad en condiciones'. Fuentes municipales cifraron en un 23,3% de pérdidas en lo que va de año. Inés Sabanés, de IU, reclamó que el gobierno municipal asuma la gestión de la funeraria.