Violencia y pacto

Lo que sigue es un reflexión limitada. Trato de introducir algo de racionalidad, algo de distancia critica, en el debate sobre la propuesta del Nuevo Pacto del lehendakari. Por otro lado, el análisis se limita considerar las relaciones entre la propuesta de pacto y la violencia de ETA. Quedan fuera de estas reflexiones asuntos tan importantes como la oportunidad y viabilidad de la propuesta

Dicen los críticos que la prioridad en la lucha respecto a ETA exige que no se tomen otras iniciativas políticas; que en la medida que se hacen otras cosas, se pierde o desvirtúa el carácter preferente de la lucha contra ETA . Más en concreto, argumentan que esta propuesta de pacto y su desarrollo, retira energías y aun recursos humanos en la lucha antiterrorista. No creo que esta argumentación tenga reflejo en la realidad. Desde la puesta en marcha del proceso del nuevo pacto, la Ertzaitnza ha incrementado las detenciones de militantes de ETA e implicados en la kale borroka y se siguen tomando medidas de protección a amenazados. Nada lleva a deducir que el Gobierno vasco baje la guardia en la lucha directa o indirecta contra ETA.

'ETA mata más cuanto más se aleja el nacionalismo democrático de sus demandas'

Otros argumentos críticos son de corte mas político. El primero de ellos dice que en la medida que el Gobierno vasco hace una propuesta política cercana a ETA, la banda se sentirá mas reconocida, más legitimada para matar, y matará mas. Sin embargo la historia nos demuestra que esta cuadrilla de asesinos políticos mata sobre todo cuando más se distancia el escenario político de sus deseos. Cuanto más se aleja el nacionalismo vasco democrático de sus demandas (Pacto de Ajuria Enea, distanciamiento post-Lizarra del PNV de frentes nacionalistas), más mata ETA. En consecuencia, parece que debería ocurrir lo contrario, que un proceso como el que se abre ahora logrará que ETA deje de matar. Un proceso que, como lo ha definido el PP, es el de ETA (por supuesto que no es así, pero mantengamos la afirmación como hipótesis), debería lograr que ETA pare. Parece, por tanto, que establecer una estrategia política como la de este pacto es algo útil para que ETA deje de matar.

Sin embargo -y aquí se nos presenta el segundo argumento crítico-, este razonamiento ligado a la utilidad tiene un grave defecto. Quizás el nuevo proceso pueda acabar con ETA, pero el precio pagado por ello (el acercamiento de sus exigencias) resulta inadmisible, intolerable. Discutamos con un poco mas detalle esta argumentación, imaginemos que ETA, aun cuando el proceso propuesto por el lehendakari no coincide demasiado con sus exigencias, lo acepta como mal menor y entra en una fase de tregua indefinida. Este es el momento de hacerse la pregunta: ¿es tolerable, es democrático, que se logre la paz a base de concesiones políticas que van en contra -según se nos dice- de una muy significativa parte de la población vasca? Este es un punto central a destacar. Porque si la propuesta del lehendakari fuese apoyada por toda la población, desaparece el problema del precio a pagar. Nadie diría que tal aprobación unánime es intolerable porque coincida en parte con lo que quiere ETA. La unanimidad indicaría que la propuesta tiene valor por sí mismo. Sería simplemente la expresión de una demanda democrática previa, la del conjunto de la sociedad vasca, que quiere que le pregunten por un nuevo pacto de más autogobierno porque quiere más autogobierno. En consecuencia, es la supuesta falta de unanimidad la que introduce la cuestión del precio, de la indigna transacción: se da algo a ETA (algo no igual, pero sí cercano a sus demandas) a cambio de quitar algo a muchos otros; de quitarles el derecho a continuar rigiéndose por el actual Estatuto.

No parece que, a la hora de proponer el nuevo pacto, constituya la intención prioritaria del Gobierno vasco lograr la tregua de ETA a cambio de concesiones. Más bien parece que la propuesta tiene una dinámica propia, autónoma. Se dice que lo único anormal en el panorama vasco es ETA y que el Gobierno usa de la coartada de esa excepcionalidad para extenderla a todo del marco jurídico político. No creo que sea cierto. El Gobierno vasco, desde tiempos anteriores a Lizarra, y al margen de los asesinatos de ETA, decidió que el Estatuto estaba en crisis; entendió que eran los otros los habían puesto en crisis. Comprobó que el nivel de apoyo de los ciudadanos al Estatuto era significativo, pero no suficiente, e inició una dinámica nueva que hoy se formula en el nuevo pacto.

Sin embargo, y mas allá de cuáles sean las auténticas razones reales de la propuesta, ETA, en la medida que crea que ésta se acerca a sus objetivos, puede entrar en tregua. Y así el precio quizás no aparezca en virtud de un premeditado diseño, pero, dadas las consecuencias del proceso abierto, la propuesta puede ser considerada de hecho como una opción política indigna y escasamente democrática. En consecuencia, para establecer las dignidad o indignidad de esta supuesta transacción debemos averiguar si el nuevo pacto es o no es una propuesta discriminatoria, si -como se afirma- con la culminación del nuevo pacto se quitarán los derechos políticos a la mitad de la población vasca. Porque si no lo es desaparece la ignominia antidemocrática de la propuesta, ya que se pone en marcha un proceso político deseado o aceptado por el conjunto de la sociedad vasca. No hay precio porque nada se da. ¿Es una propuesta discriminatoria? ¿Por qué el actual Estatuto no discrimina y el nuevo pacto, se dice, sí discriminaría?

¿Que se propugnen más competencias en el nuevo pacto es percibido como una discriminación?. Por ejemplo, ¿existen ciudadanos vascos que se van sentir discriminados, si se establece 'la configuración de un poder judicial vasco autónomo'?; ¿en qué se van sentir discriminados, respecto a quien? O ¿qué ciudadanos vascos se van a sentir discriminados si se 'desarrolla un ámbito sociolaboral, económico y de protección social propio (...) estableciendo al efecto los mecanismos de solidaridad y cooperación precisos con el Estado y con Europa?; ¿en qué, respecto a quien? En principio, no resulta fácil encontrar espacios de discriminación negativa dentro del conjunto de ciudadanos que viven en una comunidad que tiene más competencias políticas que otra o que las que ella misma tenía en tiempos pasados.

El problema de la discriminación se puede plantear sin embargo con la cuestión identitaria. ¿El nuevo pacto niega el reconocimiento e impide la expresión de la identidad española que importantes sectores del población comparten con la identidad vasca? Conviene recordar que la propuesta consiste en 'un Pacto y de un modelo de cosoberanía libre y voluntariamente compartida'. Tal cosoberanía puede ser una adecuada expresión de ese compartida identidad. Solo menos del 10% de los ciudadanos del País Vasco priorizan su identidad española frente a la vasca . El resto ( el 90 %) o la comparten por igual o priorizan la vasca. Así, cuando el Estado español, en virtud de ese principio de cosoberanía formalizado y especificado en el nuevo pacto, tome decisiones políticas respecto a ciudadanos que residen en el País Vasco, otorgará reconocimiento indentitario a los ciudadanos que comparten identidad; a aquellos que también quieren ser representados (y mandados) por ese Estado español.

Por tanto, las diferencias con el actual Estatuto no serían especialmente relevantes en esta dimensión identitaria. En ambos casos -Estatuto actual y el nuevo pacto o asociación-, ambos poderes políticos comparten capacidades y competencias decisorias sobre los ciudadanos vascos. Sin duda, en el nuevo pacto se proponen más competencias (y algunas de ellas muy relevantes) para la comunidad vasca que las establecidas en el actual Estatuto ( con todas las transferencias). Y también hay que considerar que en el nuevo pacto la cosoberanía surge se pacta y construye desde la parte vasca a partir de una soberanía, de una capacidad decisoria (establecida como original), mucho mas contundentemente afirmada que en el caso de la negociación y acuerdo del Estatuto de Gernika. Sin embargo, por un lado hay que considerar que parece poco probable que un eventual nuevo pacto recoja todas las competencias propuestas. Y por otro, -sobre todo en la práctica y mas allá de los nombres que les damos a estas cosas (soberanías, identidades históricas, pueblos imperecederos, etc.)- esos ciudadanos que se sienten miembros de dos comunidades van a ser gobernados por los representantes políticos de esas dos comunidades. Por eso no resulta descabellado afirmar que tal propuesta de cambio puede ser percibida por el conjunto de los ciudadanos (y por las mayorías de ambos lados) como una mejora democrática ciudadana, en la que quedan salvaguardadas las diversas identidades.

No parece que el nuevo pacto pretenda discriminar a nadie. Por supuesto, los partidos políticos contrarios al nuevo pacto tienen todo el derecho a decir lo contrario; que la propuesta constituye un innoble y antidemocrático precio (algunos añadirían que, además, inútil) con el que se va a pagar a ETA. Tienen todo el derecho decirlo; y a lo mejor hasta pueden tener razón. Pero tampoco estaría mal que hiciesen el esfuerzo de demostrarlo.

Pedro Ibarra Güell es catedrático de Ciencia Política de la UPV.