Recortes sociales

La Ley 24/2001 de 27 de Diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social aprobada por las Cortes Generales ha incorporado una serie de medidas totalmente regresivas, ultraconservadoras y contrarias a los intereses de los trabajadores. Entre ellas, la siguiente: A partir del 1 de enero de este año, la nueva reforma de la Incapacidad Temporal elaborada por el Partido Popular lleva consigo una rebaja muy sustancial de las prestaciones económicas a las que tiene derecho los trabajadores en el caso de incurrir en ella.

En el caso concreto de que el trabajador esté percibiendo la prestación de Incapacidad Temporal y cese su actividad en la empresa, ya sea por extinción del contrato, despido colectivo o individual, seguirá percibiendo la Incapacidad Temporal, pero se le aplicarán los topes del 70% durante los 180 días siguientes al de la extinción del contrato; agotados los citados 180 días, el porcentaje será del 60%. Además, se le aplicará el 170% del tope del salario mínimo interprofesional cuando el trabajador no tenga ningún hijo a cargo, el 195% cuando tenga un hijo a cargo y el 220% cuando tenga dos o más hijos. Por lo cual la situación que aparece es que el trabajador empieza a consumir su desempleo pese a estar en la situación de Incapacidad Temporal y no poder trabajar.

Esta situación es totalmente regresiva y contraria a los derechos de los trabajadores en todo su ámbito. Además, las cantidades que va a cobrar son muy inferiores, ya que con la anterior legislación podía cobrar hasta 321.320 pesetas. (1.931,17 euros) y con la reforma del Partido Popular serían 188.845 pesetas (1.134,98 euros).

Por el contrario las personas con ingresos superiores a 11 millones de pesetas anuales (66.111,33 euros) han visto rebajados sus impuestos durante el Gobierno del PP 56% al 45%. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, con esta reforma se ha ahorrado 88 millones de pesetas en un solo año.

Con todas estas medidas no cabe duda de que los trabajadores en activo, los pensionistas de viudedad, de jubilación, de invalidez, etc. estén en contra de las reformas de la Administración Central.