La Cámara obliga al Gobierno de CiU a personarse como acusación particular en el 'caso Olé'

El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) tendrá que personarse en el caso Olé, a pesar de que no tenía ningún interés en hacerlo y hasta ahora había preferido quedarse al margen. El Parlament aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley presentada por el diputado del Partido Popular (PP) Daniel Sirera en la que obliga al Ejecutivo a dar el paso de personarse y que lo haga como acusación particular si acaba imputándose, como solicita el fiscal, a Josep Antoni Plana Castellví, ex alto cargo del Gobierno autónomo.

El Ejecutivo catalán trataba hasta ahora de quedar completamente al margen del caso, como si no fuera con él. El 31 de julio, el secretario general del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Josep Grifoll, envió un escrito a la juez sugiriéndole que, en lugar de la Generalitat, se trasladaran todas las comunicaciones judiciales a la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), la entidad que creó el buscador de Internet con fondos públicos.

En 1996, Plana Castellví vendió a un trabajador de la FCR -Josep Vallès- el buscador por 1.202 euros y éste lo revendió tres años después a Telefónica por 18 millones de euros y derechos sobre acciones hoy valorados en más de 20 millones. La privatización inicial, no obstante, se hizo sin el preceptivo permiso del patronato de la fundación, en la que la participación de la Generalitat es mayoritaria: entre 1991 y 1997 la subvencionó con 33 millones de euros, y cuatro consejeros del Gobierno de CiU forman parte de su patronato.

La iniciativa de Sirera tiene su origen en un escrito presentado por el fiscal el pasado marzo. Éste, lejos de dar por cerradas las investigaciones, pidió la imputación del ex director de la FCR -asimilable a un alto cargo- Josep Antoni Plana Castellví, militante de Unió Democràtica (UDC), por un presunto delito de estafa y apropiación indebida al desprenderse del buscador sin el permiso del patronato. Cuando el buscador se privatizó, el presidente de la FCR era el entonces consejero Macià Alavedra, a quien sucedió Xavier Trias. Actualmente, el presidente es Rafael Español, empresario de la máxima confianza del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

En su exposición de ayer, Sirera recordó el peso que tiene la Generalitat en la FCR para exigir que se persone en el caso. El diputado recordó expresamente que en el momento en que Olé pasó a manos privadas formaban parte del patronato de la fundación Alavedra, Trias y otros dos dirigentes que hoy siguen en el Gobierno de Pujol: Artur Mas, como conseller en cap y número dos del Ejecutivo, y Antoni Subirà, titular de Industria.

Apoyo de la izquierda

Josep Maria Vallès, del Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi; Joan Ridao, de Esquerra Republicana, y Rafael Ribó, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), dejaron claro su respaldo a la exigencia de Sirera, lo cual obligó a CiU a respaldarla. A pesar de que hasta ahora Convergència se había mostrado siempre reticente a implicar al Gobierno catalán en el caso, el diputado nacionalista Jaume Camps subrayó que su formación tiene mucho interés en esclarecer el caso y que, en consecuencia, apoya que el Ejecutivo catalán se persone.

Camps propuso, no obstante, que la vía utilizada fuera a través de la representación que la Generalitat tiene en el patronato de la FCR y que sea esta entidad la que acabe personándose. Sirera rechazó la enmienda y sólo aceptó incorporar un matiz, que a juicio de CiU abre la puerta a que sea la FCR la que acuda a los juzgados.

No obstante, el texto obliga a la Generalitat a personarse si el patronato de la fundación se resistiera a aplicar el mandato del Parlament. La resolución insta al Ejecutivo, 'mediante los mecanismos previstos jurídicamente' -éste es el añadido que Sirera incorporó-, a personarse en la causa abierta en el juzgado que investiga el caso Olé. Si se derivaran indicios de responsabilidad penal por 'estafa o apropiación indebida', la proposición obliga al Gobierno catalán a 'presentarse como acusación particular'.