Arsenal represivo

El presidente francés, Jacques Chirac, hizo de la seguridad ciudadana el arco de bóveda de su victoriosa campaña electoral, un proyecto refrendado por la abrumadora mayoría parlamentaria de junio pasado y encargado al primer ministro, Jean Pierre Raffarin. Los dos vértices de este compromiso global son la reforma de la justicia, con la creación de 10.000 plazas adicionales en las cárceles en los próximos cinco años, medidas que prevén el encarcelamiento de menores delincuentes (entre 13 y 16 años) si escapan de centros educativos cerrados, y la dotación de 13.500 plazas suplementarias en policía y gendarmería, con medios financieros sin precedentes.

Ahora el Ejecutivo se apresta a dar luz verde a las disposiciones del proyecto de ley sobre la seguridad interior que más de cerca tocan a los ciudadanos: una batería de medidas complementarias para combatir desde la mendicidad callejera al fenómeno de los okupas, desde la prostitución a la ampliación de los ficheros policiales. Y las reformas planeadas han suscitado la abierta enemiga de numerosos colectivos de izquierda y de defensa de los derechos humanos, que las consideran un paso atrás y acusan al ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, padre de la criatura, de hacer la guerra a los pobres y de fomentar la deriva hacia un Estado autoritario.

La oposición socialista francesa, en busca de recomposición y rumbo tras su abultada derrota electoral, sumida todavía en el desconcierto sobre la doctrina y la estrategia, ha trasladado su indecisión también al tema de la seguridad, con dudas hasta el último minuto sobre la oportunidad de sumarse a la censura global del proyecto y la necesidad de incluir críticas a la policía en su pronunciamiento.

La Francia de Chirac-Raffarin no se limita al fortalecimiento de la judicatura y la policía. Sobre la mendicidad y la prostitución, el Ejecutivo afirma estar dispuesto a combatir sin tregua su explotación mafiosa, encarcelando hasta por tres años a quienes agrupan, transportan y se benefician de la mendicidad organizada. El ministro del Interior alega que en el caso de la prostitución, que desaparecerá de la calle, la falta de respuesta de los poderes públicos ha permitido la instalación en Francia de redes criminales especializadas en el comercio humano.

Está por ver si el trámite parlamentario dulcifica el compacto francés sobre seguridad interior, en el que parece eludirse cualquier pronunciamiento serio sobre las causas de muchos de los comportamientos que se pretende combatir. Si lo de hacer la guerra a los pobres es evidentemente una simplificación interesada destinada a conseguir titulares de medios informativos, el derecho -y la obligación- del Gobierno francés a organizar mejor la convivencia y limar algunas de las aristas que más incomodan a la mayoría de sus ciudadanos no debería hacerse a costa de hacer retroceder su sistema legal a épocas felizmente desterradas. Francia tiene una envidiable tradición de tolerancia que se compadece poco con el arsenal represivo en curso.