El Supremo delibera sobre el genocidio de Guatemala y se inclina por estimar el recurso de Menchú

La Sala Penal del Tribunal Supremo continuó ayer las deliberaciones sobre el recurso interpuesto por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la denuncia por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo cometidos en Guatemala. Aunque los magistrados se encuentran divididos, parece que finalmente podría imponerse la estimación del recurso, sobre la base de considerar que así lo impone el principio de jurisdicción universal. El tribunal parece mostrarse de acuerdo en juzgar casos de genocidio o terrorismo internacional en aquellos casos que puedan afectar a españoles, como habrían sido los casos de Chile o Argentina, pero las principales discrepancias se encuentran en torno a no extender la jurisdicción española al nivel de la suplantar la que pueda tener el Tribunal Penal Internacional.

Algunos magistrados opinan que una fórmula posible sería la de considerar la posibilidad de enjuiciar los caos que afecten a nuestros entorno, fundamentalmente los de los países iberoamericanos. En el caso de Guatemala, el asesinato del secretario de la embajada española, Jaime Ruiz del Árbol y de cuatro sacerdotes españoles s no constituirían per se delito de genocidio, pero sí las matanzas de indios mayas de las aldeas del Quiché que se negaron a colaborar con el Ejército.

El Supremo también estudia la posibilidad de, sin revocar la doctrina de la Audiencia Nacional , estimar que en Guatemala no se dan actualmente las condiciones para enjuiciar a Efraim Rios Montt y a los demás acusados. La Sala de lo Penal de la Audiencia estimó en diciembre de 2000 que no era procedente que la Justicia española se hiciera cargo del genocidio de Guatemala, sin que antes este país intentase juzgar a los culpables. Ahora se trataría de defender que allí no se han podido investigar los crímenes y volver a reabrir aquí la investigación. El magistrado ponente, Miguel Colmenero, ha sido encargado de redactar un proyecto de resolución sobre el que seguirán las deliberaciones.