Oleada de privatizaciones

En 1996, el Gobierno, del PP, dio el pistoletazo de salida de otra gran oleada de ventas de compañías con participación pública. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ingresado desde entonces más de 26.500 millones de euros a través de la privatización de una cincuentena de empresas. La reducción del déficit público era el objetivo de estas operaciones, casi siempre rodeadas de polémica.

Frente a las ventajas esgrimidas por los promotores de las privatizaciones totales -mejora de la eficiencia, aumento de la competencia y una plusvalía para la SEPI de más de 10.800 millones desde junio de 1996-, los críticos reprochan al PP la poca transparencia en la venta de activos públicos y el empeoramiento de algunos servicios. La última polémica la protagonizó el anuncio, en julio pasado, de la venta de Trasmediterránea, por 259 millones, a un consorcio liderado por Acciona y en el que participa el grupo empresarial del ex ministro del PP Abel Matutes. Esta adjudicación, denunció el PSOE, beneficia a 'los amigos del PP'.

La gran privatización de esta etapa (y la mayor de la historia española) fue la de Endesa. El Estado sacó a Bolsa, en dos tramos (ver gráfico), el 55% de la eléctrica que aún estaba en manos públicas. El proceso no se libró de la polémica con la denuncia, por el entonces presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Juan Fernández Armesto, de 'contaminación' de información privilegiada en la privatización. La SEPI ingresó 12.438 millones por esta venta.

La polémica también alcanzó a Aceralia, privatizada para acabar fusionada con una empresa pública luxemburguesa (Arbed), y Tabacalera, en la que los aseguradores tuvieron que compensar el precio pactado porque las especulaciones previas hundieron la acción.

En esta etapa, el capital público salió definitivamente de Repsol, con la venta en Bolsa de un 10%, por el que la SEPI ingresó 1.049 millones. También de Argentaria, que supuso ingresos de 2.268 millones, Indra (418,5 millones) y Telefónica, que sacó a Bolsa el 20,9% del capital que aún estaba en manos del Estado y proporcionó 3.782 millones, según la SEPI. Además, esta sociedad se embolsó 1.431 millones por la privatización de Iberia, que tardó más de dos años en realizarse.

En estas empresas, el capital público ha desaparecido totalmente o se ha reservado una pequeña participación. El Gobierno también se reserva por un tiempo la acción de oro, que permite vetar decisiones en las que fueron empresas públicas y cuyo uso abusivo ha sido denunciado por la Comisión Europea. Las compañías con acción de oro en vigor son Iberia, Indra, Repsol, Telefónica y Endesa.