La fiscalía pide seis meses de cárcel para un responsable de Erne por un delito electoral

La fiscal ha solicitado seis meses de cárcel e inhabilitación especial por el mismo periodo y una multa para el ertzaina y responsable del Area de Estudios del sindicato mayoritario Erne, Teo Santos, por un delito electoral. El ministerio público sostiene que el agente incurrió en ese delito por suscribir, junto los escritores José Saramago y Bernardo Atxaga, entre otros, un manifiesto en las pasadas elecciones vascas en apoyo de IU. La Ley de Régimen Electoral General y la normativa vasca prohíben a los agentes en activo difundir propaganda electoral o pedir directamente el voto.

El hecho del que se acusa al responsable de Erne fue comunicado por el jefe de la División de Inspección General (Asuntos Internos), Gervasio Gabirondo, al presidente de la Junta Electoral del País Vasco, Manuel María Zorrilla, en agosto de 2001, tres meses después de celebradas las elecciones autonómicas (13 de mayo). Zorrilla dio traslado de la denuncia al juzgado, que ha instruido la causa contra el agente. Interior trasladó la denuncia a Santos en diciembre de 2001.

Santos ya fue expedientado en tres ocasiones por la consejería cuando la encabezaba Juan María Atutxa por sus declaraciones críticas contra el departamento por una supuesta actitud 'laxa' de sus responsables en la lucha contra la violencia callejera. Dos de los expedientes prescribieron y respecto al tercero, los tribunales de lo Contencioso-administrativo dieron la razón al ertzaina.

Fecha de juicio

La juez que instruye la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, María Dolores Muñoz Salvatierra, no ha señalado aún la fecha del juicio, que presumiblemente se celebrará este mismo año.

En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que Santos ha infringido lo dispuesto en el artículo 52 de la ley electoral general y en el artículo 69 de la autonómica por, 'estando en servicio activo como miembro de la policía autónoma vasca, en periodo electoral, el 11 de mayo de 2001 suscribió un manifiesto solicitando el voto para un partido político y participó en un acto público en compañía de los representantes del citado partido', en alusión a la formación que dirige el ahora consejero del Ejecutivo Javier Madrazo. La fiscalía pide en su escrito provisional la pena de seis meses de prisión -la pena máxima es de dos años- e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La fiscal solicita además para el acusado una multa de tres meses con un cuota diaria de tres euros.

Por contra, el defensor de Teo Santos, el abogado Txema Montero, sostiene en su escrito que el ertzaina firmó un 'manifiesto dirigido a las ciudadanía vasca llamando a la participación en las elecciones y reclamando un cambio progresista y de izquierdas en la política' vasca. Montero agrega que, 'antes que la petición de voto para una formación política concreta', su defendido lo que pretendía era llamar 'a la ciudadanía progresista ante el evento electoral' y que 'no le hubiera parecido tampoco mal que cualquier otro partido suscribiese las tesis de los propulsores y suscribientes', entre los que estaban el escritor y Premio Nobel de Literarura de José Saramago, el también escritor Bernardo Atxaga y otros profesionales, periodistas, profesores y deportistas.

El abogado de Santos sostiene que el ertzaina suscribió el manifiesto 'a título personal, en la creencia de que no existía norma prohibitiva penal' de tal conducta. En definitiva, que Santos pensaba que las leyes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aprobada en 1986, y de la Policía vasca, en 1992, limitan la 'representación política' de policías, militares y estamentos judiciales, pero 'no a la participación, como particulares, en los debates públicos y sociales en el ámbito de una sociedad democrática'.

El propio agente asegura sentirse 'como las sufragistas del XIX, perseguido por ejercer' sus derechos civiles.

A su juicio, tras la denuncia de Interior se esconde una 'clara persecución política' y una limitación de los derechos que, a su juicio, se abren para las policías democráticas en este siglo. Montero pide la libre absolución. El consejero de Interior, Javier Balza, aseguró en su día que en este caso se ha limitado 'a aplicar la ley'.