La Junta retoma la creación de un cuerpo de inspectores de cajas tras la polémica con Cajasur

La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, no tuvo ayer reparo en asumir las reclamaciones de la oposición para acelerar la creación de un cuerpo de funcionarios especializados en la inspección de cajas. Las peticiones de PP e IU se produjeron tras conocerse que Cajasur recurrió el lunes la primera inspección de la Junta por hacerse con el auxilio de una auditora contratada por la Consejería de Economía. Álvarez insistió en que esta 'solución también es buena' y achacó a 'maniobras dilatorias' el recurso interpuesto por la entidad cordobesa.

Álvarez puso en duda las razones por las que el portavoz de Economía del PP, Salvador Fuentes, solicitó el jueves la creación de un cuerpo autonómico de inspectores, una idea que ya había esbozado la propia consejera en alguna comparecencia y que ayer anunció que será retomada tras la polémica con Cajasur. 'Si los funcionarios que hubieran ido a las cajas de ahorros hubiesen sido sólo funcionarios, el PP habría dicho que estaban bajo las directrices políticas de la consejera, y si hubiera ido la empresa privada hubieran planteado otra cosa, pero como ha ido una representación mixta, dicen esto', indicó la consejera de Economía.

El secretario general del PA y consejero de Turismo, Antonio Ortega, insistió ayer en la necesidad de que la Junta se dote de un cuerpo autonómico de inspección de cajas. 'Lo más lógico es que el Gobierno andaluz tuviera sus propios recursos', dijo Ortega, quien agregó que, en todo caso, 'lo importante es que haya una inspección' y mostró su 'respecto' por la decisión de Economía de asignar parte de ese trabajo a la auditora KPMG.

Por su parte, el presidente de Caja San Fernando, Alfredo Pérez Cano, defendió ayer en el Consejo de Administración de la entidad que no era necesario solicitar informe jurídico alguno, como pidieron algunos consejeros, al estimar que la auditora KPMG ejerce funciones 'auxiliares' en la inspección, que dirigen funcionarios de la Consejería. La entidad sevillana no pondrá, pues, ningún obstáculo a la inspección y desoirá así la recomendación hecha por Pedro Pacheco, coordinador del PSA y consejero de la entidad, quien reclamó a las cajas que 'impidan la entrada de inspectores privados, para luego acudir al amparo del Banco de España'.

Respecto al recurso de Cajasur, la consejera de Economía repitió que la cobertura legal de la contratación de auditores privados para la inspección 'está garantizada incluso por los servicios jurídicos de la Consejería'. Y se mostró muy crítica con Manuel Clavero Arévalo, el catedrático de Derecho Administrativo que ha elaborado el informe en el que se basa el recurso. 'Todo esto de las cajas y, sobre todo, Cajasur, está haciendo de oro a Clavero Arévalo, porque tendría que informarnos Cajasur cuántos fondos de los ciudadanos andaluces está utilizando para defender sus intereses particulares a través de informes que encarga a abogados de reconocido prestigio'. Álvarez matizó que, si el informe se ha incorporado al recurso 'se analizará y se decidirá después'.

Informe de Clavero

El recurso de Cajasur se centra en que, a su parecer, los técnicos de KPMG se están extralimitando respecto a la función 'auxiliar' de la inspección que, en teoría, les había asignado en la Junta.

Según Cajasur, que reconoce 'expresamente' que Economía es la competente para controlar a la entidad, 'el inicio de los trabajos de Inspección ha puesto de manifiesto que las funciones que pretender realizar los empleados de KPMG exceden de las contempladas en el concurso de adjudicación'. La entidad cordobesa recuerda que 'la contratación era de servicios de consultoría y asistencia', pero sostiene que los empleados de la auditoría 'asumen directamente el trabajo de la inspección, e incluso su número es superior al de los funcionarios de la Consejería'.

La caja que dirige el cura Miguel Castillejo mantiene que las discrepancias se han limitado a las 'peticiones de documentación realizadas por el personal de KPMG' y censura 'su interés en examinar directamente los libros de actas de gobierno de Cajasur'. En cuanto a la actuación de los funcionarios de la Junta, 'no se ha producido discrepancia alguna y se le seguirán facilitando cuantos documentos pidan'.