Un chicle en la suela del zapato

Carme-Laura Gil lleva casi desde el inicio de su mandato un molesto chicle pegado a la suela de su zapato del que no consigue desprenderse: las presuntas irregularidades en los cobros de algunos centros privados concertados. Todo empezó cuando, a principios de 2001, la consejera se atrevió a hacer lo que sus antecesores no habían osado: otorgar los conciertos educativos solicitados por siete escuelas de élite, que cobran mensualidades de hasta 600 euros.

Con esta acción destapó la caja de los truenos. En mayo del mismo año, el sindicato USTEC-STE interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impugnar los conciertos a estos centros. En junio de 2001, la titular de Enseñanza se vio obligada a comparecer ante el Parlament para explicarse. Gil se escudó entonces en que 'todas las familias tienen derecho a la educación gratuita', independientemente de sus ingresos.

Pero gracias al despiste de dos diputados de su grupo parlamentario, que llegaron tarde a la votación poniendo en evidencia la fragilidad en que se asienta el Gobierno de CiU, la Cámara aprobó una moción instando a Enseñanza a realizar una auditoría sobre los centros concertados.

Mientras, la batalla legal de USTEC seguía su camino: en octubre de 2001 el TSJC negó su recurso alegando que el sindicato no tiene competencias para llevar a cabo esta impugnación. La organización optó entonces por recurrir contra la sentencia al Tribunal Supremo. En mayo de 2002, Enseñanza hizo públicas 'las conclusiones' de la auditoría a la prensa, y en junio, Gil compareció ante el Parlament y aseguró que sólo se habían advertido anomalías en 26 de los 739 centros concertados. Pero el miércoles pasado el informe de los inspectores salió a la luz y no se parecía en nada al que había explicado Gil: se habían descubierto 'indicios de irregularidades' en 535 centros.