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En menos de 24 horas la consejera de Enseñanza cambió tres veces su versión acerca del informe de la auditoría sobre los centros concertados hecho público el miércoles por el sindicato USTEC, muy distinto del que Gil había entregado a los diputados el pasado mes de mayo. Primero aseguró que ambos eran iguales; luego, que lo había enviado más tarde a la Cámara. Ayer reconoció que sólo lo hizo el pasado día 8, a petición del portavoz de ICV, Joan Boada. Éste ha pedido su dimisión 'por incumplir las normas más básicas del juego democrático'

El miércoles por la tarde, tras hacerse público el informe completo de la auditoría sobre la aplicación de los conciertos educativos, un portavoz del departamento que dirige por Carme-Laura Gil explicó que dicho informe había sido remitido 'en su totalidad' al Parlament y a todos los diputados de los diferentes grupos el pasado mes de mayo y que sólo se dio una versión reducida a los medios de comunicación.

Ayer por la mañana, en unas declaraciones radiofónicas, retrasó la fecha hasta el verano. Ya por la tarde, reconoció que el informe íntegro fue remitido el pasado 8 de octubre al diputado Joan Boada, portavoz del grupo parlamentario de ICV. 'Lo que enviamos en mayo fueron las conclusiones del informe, y el contenido total lo expliqué en junio en una comparecencia ante el Parlament, lo que pasa es que quizá algunos diputados no estuvieron atentos porque era tarde y estaban cansados', dijo.

Boada pidió ayer el cese inmediato de Gil por 'mentir por segunda vez en el tema de los conciertos educativos'. El diputado ecosocialista considera que la consejera mintió en junio pasado al afirmar ante el Parlament que la Generalitat había detectado 26 irregularidades en la financiación de escuelas privadas, cuando la auditoría de la Inspección de Enseñanza detectó cientos de presuntas irregularidades en centros privados concertados. Respecto a la segunda mentira, Boada afirmó: ' se atrevió a decir que esta auditoría ya la teníamos desde hace tiempo, cuando en realidad la recibimos ayer'.

'Esto es inadmisible y en cualquier otro país europeo motivaría el cese fulminante de la consejera por incumplir las normas más básicas del juego democrático', aseguró Boada. El presidente Pujol, añadió, 'debería tomar cartas en el asunto'.