USTEC asegura contar con el apoyo de los centros privados que sí cumplen las normas de los conciertos

Los colegios denunciados ante la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña son: La Vall, La Farga y Viaró, situados en el Vallès y vinculados al Opus Dei, y Garbí y Pere Vergés -en Esplugues y Badalona, gestionados por la Fundación Escoles Garbí-. Todos ellos consiguieron que la actual titular de Enseñanza les otorgara el concierto educativo que se les había estado negando durante años. USTEC, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública, recurrió contra ello en su momento ante los tribunales, pero el TSJC, amparándose en una formalidad, desestimó el recurso. Los centros concertados no pueden cobrar por servicios educativos, sólo por conceptos como comedor o actividades extraescolares, siempre de carácter voluntario y autorizadas por Enseñanza.

Entre las pruebas que se incluyen en la denuncia figura una circular del director general de Fundación Escoles Garbí en la que se dan instrucciones a las familias para que paguen los recibos mensuales a la fundación y que, a cambio, se les expedirá un certificado de donativos voluntarios para desgravar en la declaración de la renta la totalidad de las aportaciones realizadas durante el ejercicio anterior.

La circular detalla el importe de cada cuota: en el caso de la educación primaria y la ESO no incluye ningún pago por la enseñanza, ya que son niveles concertados, pero sí un pago de entre 223 y 286 euros al mes por actividades extraescolares. Otras partidas como excursiones o el gabinete psicopedagógico suman pagos mensuales de entre 310 y 364 euros por alumno. En el documento mostrado por el portavoz de USTEC, la cantidad para desgravar que figura en el certificado destinado a Hacienda era de más de 4.200 euros, lo que supondría que además de las cuotas habría otros pagos ocultos. A los padres se les pide también que firmen un documento en el que explican que esos pagos son donativos voluntarios.

'Las familias, sin saberlo, pueden estar cometiendo un delito fiscal', advirtió Carles Martínez, quien considera que este caso sería tan sólo la punta del iceberg, ya que la auditoría que los inspectores de Enseñanza realizaron sobre los centros concertados revela que 185 cobran cuotas a través de fundaciones opacas.

En los casos de los colegios La Vall, Viaró y La Farga, la denuncia se basa en los informes realizados por varios inspectores del Departamento de Enseñanza a petición del grupo parlamentario de ICV que señalan posibles 'infracciones y fraudes de ley' en la financiación de los dos primeros y la existencia de importantes 'hechos irregulares' en el tercero.

Carles Martínez, portavoz de USTEC -sindicato mayoritario en la escuela pública catalana-, aseguró que quienes más les apoyan en las denuncias contra este tipo de irregularidades son 'las escuelas privadas que sí cumplen con la normativa de los conciertos, sin cobrar por la enseñanza obligatoria y sin hacer pasar por donativos voluntarios lo que en realidad son simples pagos por prestación de servicios'. 'No vamos contra las familias que deducen esas cantidades sin saber que están incurriendo en una posible infracción fiscal', explicó Martínez, 'sino contra unos pocos centros de élite que incumplen de forma reiterada la legalidad, gracias a la voluntad política de permisividad y de ocultación' del Gobierno de CiU.

La Institución Familiar de Educación, propietaria de La Vall y La Farga, emitió ayer un comunicado asegurando que los centros 'se han ajustado y se ajustan en todo momento a la legalidad vigente' y que la denuncia de USTEC se basa 'en suposiciones'. Según su director, Josep Barnils, si los donativos a la Fundación Vaixell, vinculada a ambos centros, no fuesen voluntarios 'todos los padres pagarían lo mismo, y no ocurre así, porque hay padres que no dan nada y otros que aportan cantidades variables'. Un portavoz de Viaró declaró a Europa Press: 'No hay ningún padre en esta escuela al que se le haya obligado a efectuar una aportación económica; la pedimos, pero no la exigimos'. La Fundació Escoles Garbí declinó hacer comentarios hasta conocer el texto de la denuncia. Por su parte, la consejera de Enseñanza, Carme-Laura Gil, se limitó a ironizar sobre el hecho de que la anterior denuncia de USTEC fue desestimada por el TSJC. 'Sobre esta cuestión ya opinarán los jueces', dijo, 'pero debo añadir que hasta ahora todo lo que ha intentado hacer USTEC, los tribunales no se lo han admitido'.