El PSOE pide que la Cámara de Cuentas fiscalice la contabilidad de Torremolinos

Las dudas sembradas por un ex edil del PP sobre una empresa municipal de Torremolinos -a través de la cual supuestamente se recaudaba dinero para el partido- han llevado al PSOE a solicitar que la Cámara de Cuentas de Andalucía investigue la contabilidad de ese ayuntamiento desde 1995, año en que los populares accedieron a la alcaldía. La petición ya ha obtenido el visto bueno de la Mesa del Parlamento, pero aún tiene que ser aprobada por el pleno.

La parlamentaria socialista Ana Fuentes explicó ayer que la solicitud se planteó después de que la semana pasada el PP hiciera valer su mayoría absoluta en el consistorio para bloquear la propuesta del PSOE de crear una comisión que investigara las acusaciones del ex edil José Ávila, quien además denunció el cierre falso de las cuentas de la empresa Samset. 'Intentamos que el propio ayuntamiento facilitara las cuentas a los concejales, pero dado que nuestra moción ha sido rechazada, hemos buscado una vía alternativa', explicó Fuentes.

La petición para que se investigue la contabilidad del consistorio y de las sociedades municipales, dirigido por Pedro Fernández Montes (PP), especialmente la de Samset, se basa en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara que prevé la llamada 'iniciativa fiscalizadora'. El miércoles, la propuesta logró la luz verde de la Mesa del Parlamento, un primer paso que debe ser ratificado por el pleno para que la institución inicie la investigación. El objetivo de los socialistas es que la Cámara de Cuentas elabore un informe del que podrían derivarse 'actuaciones políticas o judiciales'.

El PSOE también ha denunciado las imputaciones de Ávila ante el Tribunal de Cuentas, de Madrid, y ante la Fiscalía malagueña por si los hechos fueran constitutivos de delitos. IU, que respaldó sin éxito la petición de la comisión de investigación, acudió por su parte a la Fiscalía Anticorrupción para que determine si hubo cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documento público, prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, delito societario o contra la hacienda pública.

Ayer, esta formación emitió una nota en la que mostraba su extrañeza porque el consistorio todavía no ha acudido a los tribunales, como anunció tras la denuncia del antiguo edil. 'La alarma creada merece una respuesta clara e inequívoca y, desde luego, esta dilación innecesaria sólo da pie a que se especule sobre los motivos de no haber interpuesto aún la demanda', sostuvo IU.