La Inspección descubre cobros anómalos en más del 50% de los colegios concertados

El documento de 16 páginas sobre los resultados de la auditoría acerca del cumplimiento de los conciertos educativos que la consejera de Enseñanza, Carme-Laura Gil, presentó el pasado mes de mayo en el Parlament, no sólo no reflejaba el contenido de la investigación, sino que enmascaraba innumerables 'indicios de irregularidades' advertidos por los propios inspectores de la Generalitat, que ponen al descubierto que la gratuidad que debiera derivarse del hecho de recibir financiación pública, se limita al 10% de los 739 centros concertados que hay en Cataluña y que reciben una cuarta parte del presupuesto de Enseñanza, cifrado este año en más de 600 millones de euros. Más de la mitad (435) de los colegios concertados 'emiten recibos y perciben cantidades por conceptos que podrían suponer una presunta irregularidad'. Sólo 80 no cobran a sus alumnos.

El informe de la auditoría que la Cámara catalana encargó a Enseñanza, al que ha tenido acceso este periódico, tiene 32 páginas y dibuja un paisaje caótico en la escuela concertada. Los inspectores relatan que 117 centros cobran recibos 'por conceptos generales e inespecíficos que, según su denominación, podrían estar relacionados con las enseñanzas objeto del concierto educativo o con los conceptos integrados en sus módulos económicos'; 201 centros cobran mediante las asociaciones de padres; 185 a través de fundaciones y 16 por medio de sociedades.

En algunos casos las familias pagan hasta dos y tres veces: a los centros, a la asociación de padres y a las fundaciones. Los inspectores incluso han detectado que ocho centros cobran 'por conceptos vinculados a las enseñanzas que imparten', y en cuatro lo hace la asociación de padres, lo cual vulnera el principio básico del sistema de conciertos.

Los inspectores descubrieron también que en 397 colegios los recibos que cobran entidades distintas del centro son 'por conceptos generales e inespecíficos, como gastos generales, a fondo perdido, cantidad que se debe retornar, donación o aportación'; en 14 colegios se cobra por 'biblioteca, confección de documentos o calificaciones de alumnos', que, según los inspectores, son 'conceptos expresamente excluidos de la normativa'.

Las reacciones sobre el contenido de la auditoría acerca de los conciertos no se hicieron esperar. Los grupos del PSC, ERC e ICV y los sindicatos USTEC y CC OO acusaron a la consejera Carme-Laura Gil de 'ocultar datos' al Parlament y de informar 'sesgadamente' sobre una auditoría que la misma Cámara le había exigido. Partidos y sindicatos subrayaron que el informe advierte muchas más anomalías que las que la titular de Enseñanza hizo públicas en el resumen de 16 páginas que entregó a los diputados y a los medios de comunicación el pasado mes de mayo, que sólo reconocía irregularidades en 26 centros concertados.

Un portavoz de Enseñanza negó ayer que el Departamento cometiera irregularidad alguna y aseguró que se envió luego el 'informe completo' a los parlamentarios, cuando éstos pidieron más datos. Ni un solo diputado admitía ayer haberlo recibido. La misma fuente afirmó que 'no hay contradicción' entre el resumen que hizo la consejera y el contenido del informe conocido ayer. 'Es una cuestión de interpretaciones', dijo.

Carles Martínez, portavoz del sindicato USTEC-STE, protagonista de los recursos contra la concesión de conciertos a colegios privados de élite que cobraban mensualidades de hasta 600 euros, definió lo sucedido como 'un hecho muy grave' y acusó a Gil de mantener una 'permisividad total ante las supuestas irregularidades'. La denuncia presentada por USTEC -desestimada por un simple formalismo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- abrió una brecha en Enseñanza que nunca se ha podido cerrar. Derivó en una moción del Parlament -perdida por CiU al ausentarse dos de sus diputados- que instaba al departamento a auditar los conciertos educativos. Ayer empezó a conocerse el resultado.

'La falta de transparencia del Gobierno catalán respecto a la política de conciertos y su carencia de impulso a la escuela pública es lamentable', declaró la socialista Assumpta Baig. Joan Boada, portavoz de ICV, dijo que la consejera 'engañó al Parlament, ya que obvió un buen número de información'. Josep Bargalló, diputado de ERC, reclamó 'con urgencia' explicaciones a Gil por 'haber ocultado la literalidad del informe'.