PA e IU se unen a las críticas socialistas por la falta de inversión estatal en el metro de Sevilla

Lo que para el PP es una 'garantía por ley' de la voluntad del Gobierno central de invertir en el metro de Sevilla, para el resto de partidos es una 'estafa', a 'desvergüenza' o un 'brindis al sol'. Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, a excepción del PP, tienen previsto presentar en los próximos días enmiendas a la disposición adicional que el Gobierno ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos para 2003 por la que se compromete a 'estudiar' su participación económica en el proyecto.

El candidato andalucista a la alcaldía de Sevilla y único diputado del PA en el Congreso, José Núñez, anunció ayer que presentará una enmienda al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado y otra a la Ley de Acompañamiento para exigirle al Gobierno un compromiso 'en firme y concretado en tantos por cientos' sobre su participación en la financiación de las obras de la primera línea del metro de Sevilla.

El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, hará lo propio y concretará su enmienda con la petición de una partida en los presupuestos de 100 millones de euros para el metropolitano; la diputada del PSOE por Sevilla, Isabel Pozuelo, ya advirtió el martes de que su grupo también llevará una enmienda y le exigirá a la Administración central una inversión mínima de 20 millones, cinco menos que los que tiene previsto consignar la Junta en sus presupuestos de 2003, año en que deben iniciarse las obras del metro. El plazo de presentación de enmiendas termina el 25 de octubre.

El diputado andalucista explicó ayer que presentará una primera enmienda al proyecto de ley de los presupuestos para exigirle al Gobierno que consigne ya este año una partida específica para el metro sevillano; además, llevará también una enmienda a la disposición adicional número trece de la Ley de Acompañamiento con la intención de que el Estado concrete su participación 'si no en cifras, por lo menos en tantos por cientos'.

'Es una estafa que el Gobierno se comprometa sólo a estudiar su participación', subrayó Núñez, 'tendrá que comprometerse a financiar su parte y estudiar después cómo lo hace, no sólo a estudiar si pone dinero o no'. Según el candidato del PA a la alcaldía, es un 'agravio insultante' que en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón como presidente 'se hayan hecho en Madrid, y usando los fondos de cohesión europeos, más metros que lo que tendrá la red de Sevilla'.

Por su parte, la portavoz adjunto del grupo municipal de IU, Paula Garvín, mostró su temor a que el Gobierno, al incluir una disposición sobre el metro en la Ley de Acompañamiento, 'quiera ir quitándole valor a la ley estatal de 1975 sobre el metro de Sevilla', por la que a la Administración central le corresponde sufragar el 100% de la infraestructura de la primera línea urbana.

Garvín, arremetió también contra la decisión del Gobierno de referirse al metropolitano de Sevilla en la Ley de Acompañamiento en vez de en la de los presupuestos generales, que es donde se reservan inversiones para los metros de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 'No aceptamos que Sevilla tenga que ir en la Ley de Acompañamiento, no queremos que se nos trate de forma diferente a los demás', subrayó la portavoz adjunta de IU.

El delegado municipal de Hacienda, el socialista Emilio Carrillo comparte el temor de IU a que el Gobierno pueda 'interpretar de forma malvada' que la presencia del metro sevillano en la Ley de Acompañamiento sustituye a la ley de 1975. Según Carrillo, además, esta disposición adicional es una 'tomadura de pelo' a Sevilla y constata el 'menosprecio' del PP por la ciudad. 'El metro no es un proyecto en el aire, sino una realidad en marcha', subrayó el delegado de Hacienda, 'por lo que en este caso no vale el 'vuelva usted mañana'.

Como contrapunto, para el portavoz municipal del PP y candidato a la alcaldía, Jaime Raynaud, esta disposición adicional garantiza 'por ley' que el gobierno concretará su aportación al metro 'cuando se firme el convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Obras Públicas'. Según Raynaud, el Gobierno 'difícilmente puede poner ni un sólo euro' mientras no se conozca el coste total de la obra y a quién se le ha adjudicado.