El regidor de Torres entrega al juez 700 documentos para avalar su inocencia

El alcalde de Torres de la Alameda, Francisco Acedo, del PP, declaró ayer durante tres horas y cuarto en el juzgado número 2 de Arganda. Fue acompañado de abogado y de 700 documentos que avalan, en su opinión, su inocencia. Este juzgado instruye el caso de la supuesta modificación urbanística ilegal del polígono industrial de Torres. En 1995, según la acusación del grupo municipal socialista, este polígono pasó de ser de promoción pública a estar en manos de la empresa privada Obhisa. El PSOE cree que, con la modificación urbanística propiciada por el alcalde, el Ayuntamiento perdió 450.000 metros cuadrados de suelo público para beneficiar a unos privados.

El que fuera concejal de Urbanismo en el momento de la recalificación, Antonio Sotoca, que también declaró en el caso como imputado hace varios meses, acusó entonces a Acedo de adjudicar directamente a Obhisa la gestión del polígono, a pesar de que sabía que era ilegal. Como Sotoca se negó a llevar a cabo la operación, Acedo le propuso repartirse 'entre los tres' [él, el alcalde y un técnico municipal] unos beneficios 'cifrados en 50 millones de pesetas', según el ex edil. Sotoca, finalmente, apoyó la recalificación.

Acedo entró ayer en el juzgado a las 13.15 y lo abandonó a las 15.30. Presentó 700 documentos que avalaban la legalidad de su actuación, entre los que se encontraban los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas y diversos convenios urbanísticos. Tras salir del juzgado, mostró su 'satisfacción y felicidad por haber puesto las cosas claras ante el juez'. 'Es posible que haya algún error de tipo administrativo, pero nunca prevaricación o cualquier otro tipo de delito penal', recalcó, al tiempo que insistió en que todo eran 'acusaciones falsas de Sotoca' y una campaña de 'persecución política' del PSOE.

Por otra parte, mañana está previsto que Fernando Martín Corroto, ex abogado municipal de Torres, declare en el juzgado número 35 de Madrid por un presunto intento de cobro de 3,5 millones de euros a un grupo inmobiliario que quería construir 600 chalés y un campo de golf. Uno de los promotores grabó la conversación y la entregó a la fiscalía.