Muchos accidentes, pocos inspectores

Cataluña es la comunidad española con mayor número de accidentes laborales. El hecho de que la población ocupada en Cataluña -2,7 millones en el segundo trimestre de 2002- sea la mayor del Estado, unido a la actividad de la construcción y los servicios, explica en parte este récord de accidentes. Pero, en cualquier caso, las causas profundas de la siniestralidad son estructurales y se encuentran en la raíz del mercado laboral. De enero a junio, en Cataluña se produjeron 34 accidentes laborales por cada 1.000 personas ocupadas. En España, la proporción cae hasta 29.

La siniestralidad laboral supone una enorme pérdida en vidas humanas -este año se han producido 135 accidentes mortales- y es un lastre incalculable para la productividad de la economía catalana. El Parlament celebra hoy y mañana un pleno monográfico sobre siniestralidad laboral a instancias de la oposición, ante la alarma social que ha provocado la escalada de accidentes mortales.

El nivel de rotación en los puestos de trabajo coincide con el índice de siniestralidad

Desde enero se han producido en Cataluña un total de 134 accidentes mortales

¿Por qué, con la actual Ley de Prevención de Riesgos, la mejor de toda la UE, según los expertos, el balance es tan negativo? Los sindicatos ofrecen dos respuestas que aproximan, cuando menos, la caracterización del problema: en primer lugar, se incumple la ley, ya que el 68% de los trabajadores catalanes no han recibido jamás ningún tipo de formación sobre prevención de riesgos, y en segundo lugar aparece la falta de medios aplicados a la prevención, resumida en el hecho de que Inspección de Trabajo cuente con una plantilla de sólo 107 funcionarios.

A juicio de los sindicatos, la resistencia de las empresas a la hora de cumplir la norma es uno de los principales obstáculos. CC OO apunta a las cúpulas patronales y asegura que Fomento del Trabajo Nacional ha llegado incluso a practicar la insumisión ante la normativa legal.

En la práctica, la gran mayoría de las empresas catalanas depositan su planes de prevención de riesgos en las mutualidades, hasta el punto de que estas últimas controlan el 95% de esos planes. Las empresas externalizan la prevención para reducir costes; sin embargo, en un porcentaje muy alto, los costes finales de muchos accidentes -entre los que se encuentran todos los mortales- son muy superiores. Estos costes resultan gravosos para el sistema público, la Seguridad Social, que paga las pensiones de viudedad en caso de muerte del trabajador o de baja permanente, y también para las propias empresas, que en muchos casos acaban indemnizando a las familias de los accidentados por daños y perjuicios.

Del conjunto de España, Cataluña es la comunidad que se lleva la peor parte de la siniestralidad. De enero hasta hoy, en la comunidad catalana se han producido 135 accidentes laborales mortales. Sólo desde la segunda mitad de julio hasta hoy, Cataluña ha sufrido 29 muertes. Pero antes de la escalada mortal de este verano negro, Cataluña lideraba la estadística española de muertes en el trabajo: acumuló 118 de los 688 accidentes de triste desenlace ocurridos en toda España durante los primeros siete meses del año, lo que representa el 17,15% del total (véase el gráfico adjunto).

Los accidentes laborales se concentran en los más débiles, es decir, en los que no tienen capacidad para negociar las condiciones de trabajo, según destaca el informe Durán -encargado por el Gobierno al catedrático y ex presidente del Consejo Económico y Social Federico Durán-, cuyo texto analiza el conjunto de variables que influyen en la siniestralidad. La condición de débiles afecta a trabajadores y a empresas. Los trabajadores más débiles son los jóvenes, los que no tienen un contrato fijo y los que llevan poco tiempo en el lugar de trabajo. Estas tres condiciones convergen a menudo en una misma persona, lo que concentra el riesgo en colectivos concretos, como la construcción y algunos servicios, los mismos que presentan el índice de accidentes más elevado.

Al hilo del citado informe, esta idea de la triple debilidad del trabajador encuentra su mejor definición en el concepto de rotación laboral, una variable que mide el número medio anual de contrataciones temporales por trabajador. La evolución de la rotación coincide bastante con el índice de siniestralidad, lo que muestra una relación entre rotación en el puesto de trabajo y número de accidentes.

Por lo respecta a las empresas, las más débiles -todas ellas pymes- son las que a menudo no pueden establecer las condiciones laborales de sus trabajadores en la medida en que ellas mismas se 'encuentran atrapadas en la cadena de descentralización y subcontrataciones sucesivas', según destaca Emilio Castejón, director del Centro Nacional de Condiciones del Trabajo.

La subcontratación en cadena ha sido apuntada por los sindicatos como una de las principales causas de los accidentes laborales, sobre todo en el sector de la construcción. CC OO y UGT argumentan que la presencia de más de una empresa en una misma obra dificulta la aplicación de medidas de seguridad y, además, hace que se eludan responsabilidades en caso de accidente. En cambio, la patronal del sector dice que la subcontratación no es la causante de los accidentes. El presidente de la Cámara de Contratistas de Obras, Rafael Romero, defiende que haya más transparencia y que las empresas declaren cómo y a quién subcontratan.

Los sindicatos y el Departamento de Trabajo han firmado recientemente un convenio con el objetivo de controlar la subcontratación en las obras públicas que dependan del Gobierno catalán y que ejecuta la empresa pública GISA. El acuerdo prevé nombrar cuatro técnicos sindicales de CC OO y UGT que se encargarán de visitar las obras y supervisar si se adoptan las pertinentes medidas de seguridad y salud laboral. Para financiar la tarea de estos técnicos, GISA aportará anualmente un total de 300.506 euros a CC OO y UGT.