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Columna
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Reforma

Lleva como muchos años preocupándose por la cosa pública el diputado provincial y edil en el consistorio de Castellón Antoni Porcar. Es un hombre sensato y con convicciones, moderado y trabajador, con mucha raigambre castellonense y no poca valenciana; un político nacionalista moderado que cosecha no pocas papeletas en las urnas, gracias a su carácter, y a los descontentos con las opciones mayoritarias, a derecha o a izquierda, que ven en él una alternativa válida para que les represente en el Ayuntamiento de la capital de La Plana. Buena saña y mejor tiento guían a los maestros y profesores que dirigen el Bloc manteniendo a Porcar como cartel por estos pagos.

Cuando, sin embargo, Porcar atiza en el rescoldo, brasas, humo o polémica en torno al sistema educativo escolar, la cuestión, como a tantos otros políticos se le va de la mano. Y es que aquí hay demasiados políticos hablando de educación que viven bastante alejados de las pizarras, aun siendo maestros. Nuestro diputado provincial acaba de hacer unas declaraciones en las que califica de 'inadmisible' esa Ley de Calidad, cuyo proyecto ha presentado la ministra del ramo en el Parlamento. Apela, como otros políticos ajenos a la tiza, al hecho de que 'detrás de ese proyecto hay un intento de reducir la enseñanza pública a un papel secundario y asistencial para el uso de aquellas personas que no puedan permitirse la entrada e sus hijos en la enseñanza privada'. Disculpen lo largo de la cita y el desconcierto. Y menos mal que se extiende luego nuestro hombre en sus declaraciones, aceptando la existencia de 'problemas reales' en nuestro sistema educativo.

Porque esos reales problemas están al alcance de la mano de Porcar y de los que con tanta facilidad remueven con su cuchara en el complejo mundo de escuela pública. Que España sea el segundo país de la UE con mayor fracaso escolar, debe tener unas causas y una explicación: el deterioro del sistema público, y no sólo por falta de inversiones sino de determinados conceptos y teorías pedagógicas, válidas sólo sobre el papel que recogía la llamada Reforma. Por ejemplo, la que regula una enseñanza igual para todos y en la misma clase y con el mismo maestro, al tiempo que se empezaban a publicar decretos y más decretos para atender a la diversidad. Viene a ser lo mismo que el intento de la cuadratura del círculo, gastando el dinero en vano, y haciendo descender de forma generalizada los niveles y la calidad de la enseñanza pública. Generalizar la educación hasta los 16 años no tenía por qué haber significado la generalización de una falta de calidad en contenidos, procedimientos y cuanto se quiera. Porque desde ese mismo momento el papel secundario, asistencial y residual de la escuela pública, en relación con la privada, estaba servido. Ese carácter secundario de le escuela pública ya se está dando y sobran informes y estadísticas: es tan real como los anuncios publicitarios de escuelas privadas con sonoros nombres británicos en los que se señalan como requisitos para la admisión de alumnos el que éstos no arrastren ninguna asignatura suspendida de cursos anteriores o hayan demostrado un buen rendimiento académico en el colegio del que procedan.

Hay sutiles formas segregadoras, por no calificarlas de antisociales, que se esconden tras las bellas palabras integradoras de una Reforma que no resultó tal, y que necesita de otra Reforma. Cabe suponer que el laborioso munícipe de Castellón, y otros políticos, la intuyan cuando hablan de 'problemas reales'.

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